Por primera vez en Cantabria, un juzgado de Santander ha declarado injusta la condena a cadena perpetua que sufrió una víctima del franquismo, reconociendo que el juicio que la motivó careció de garantías y se saldó con una pena “arbitraria e inhumana”. La resolución judicial responde a un procedimiento promovido por la Fiscalía de Cantabria en colaboración con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.
El caso se inició en enero de este año a raíz de la petición formal presentada por un familiar del represaliado. A partir de ahí, el Ministerio Fiscal recabó la documentación sobre el proceso judicial sufrido por la víctima durante la dictadura, y presentó ante el juzgado de Primera Instancia una solicitud para declarar la injusticia de los hechos.
Tras la vista oral, en la que se practicó la prueba propuesta por la Fiscalía, la jueza consideró acreditado que la persona fue condenada sin haber cometido delito alguno, vulnerando sus derechos fundamentales. La sentencia reconoce que el condenado fue víctima de una privación de libertad sin base legal, con un impacto devastador en su vida y secuelas directas en su entorno familiar.
La resolución se enmarca en el nuevo procedimiento de jurisdicción voluntaria para la declaración judicial de hechos pasados, incorporado por la Ley de Memoria Democrática. Se trata de un cauce legal de carácter civil, orientado a esclarecer y documentar hechos del pasado, y destinado a reforzar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo.
Desde la Fiscalía se ha valorado la decisión judicial como un avance en la aplicación práctica de los principios internacionales de derechos humanos, así como en el reconocimiento institucional de quienes sufrieron la represión durante la dictadura.
