El proceso judicial contra el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, en relación al macroproyecto turístico conocido como ‘Ibiza del Norte’, sigue su curso. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander ha admitido las pruebas documentales presentadas por la formación política Cantabristas, que presentó la demanda en noviembre del pasado año. En ella, la formación denuncia que el Consistorio les ha impedido acceder a los expedientes y licencias relacionadas con este polémico proyecto urbanístico, que prevé la construcción de 350 viviendas de lujo, un hotel y un campo de golf junto a la playa.
La decisión judicial, tomada el pasado 15 de abril, da paso a la fase de pruebas, lo que supone una etapa clave antes de la resolución del caso. Según el auto judicial, al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, existe una “disconformidad en los hechos” entre las partes implicadas, lo que obliga al tribunal a evaluar las pruebas presentadas por la formación demandante.
Aunque el auto no especifica el contenido exacto de las pruebas, se entiende que se trata de la documentación presentada por Cantabristas en su demanda, que, probablemente, está relacionada con las solicitudes de acceso a los expedientes urbanísticos que la formación política reclama.
El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar respondió a la demanda, pero no solicitó la apertura de esta fase probatoria, algo que ha sido aprobado por el juez a petición de Cantabristas, quien consideró relevante el desacuerdo entre ambas partes para la resolución del caso.
La demanda de Cantabristas, que se presentó tras agotar la vía administrativa, acusa al Ayuntamiento de incumplir su obligación de facilitar información pública, particularmente sobre los informes ambientales y las autorizaciones de construcción del proyecto ‘Ibiza del Norte’. Según la formación política, el silencio administrativo del Consistorio refleja un interés deliberado en ocultar información.
El caso ha desatado un intenso debate político y social en Cantabria, especialmente entre vecinos, grupos conservacionistas y partidos políticos, que han expresado su firme rechazo al proyecto. De hecho, en noviembre pasado, tuvo lugar una multitudinaria manifestación bajo el lema «Nuestra costa no se vende, Cantabria se defiende», que recorrió los municipios de Loredo y Langre, y fue convocada también por Cantabristas.
Este macroproyecto, que busca transformar una parte de la costa cántabra en una especie de ‘Ibiza del Norte’, ha sido calificado como una amenaza al patrimonio natural y al modelo de desarrollo sostenible que muchos defienden para la comunidad. Con el caso ahora en manos de los tribunales, la disputa sobre el futuro de este proyecto continúa, con los tribunales como la última instancia para resolver la controversia.
