El Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad, ha asignado a Cantabria una inversión de 3.092.174,73 euros para reforzar las políticas públicas de prevención, atención y lucha contra la violencia de género. La medida fue acordada este lunes en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que participaron representantes del Ministerio y de todas las comunidades y ciudades autónomas.
La ministra Ana Redondo, que presidió la reunión, destacó el aumento de los recursos disponibles —20 millones de euros más que el año anterior— y subrayó la importancia de “la unidad entre administraciones para erradicar de una vez por todas la violencia machista”. En total, se han distribuido 179,8 millones de euros en todo el Estado.
De la cuantía total destinada a Cantabria, cerca de 2,5 millones de euros irán dirigidos a desarrollar las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta financiación permitirá a la comunidad mantener y mejorar la red de servicios de protección, asistencia, apoyo y recuperación para las víctimas, así como reforzar la formación de los profesionales que trabajan con ellas.
Estos fondos tienen carácter finalista, es decir, están vinculados directamente a la ejecución de acciones concretas dentro de las competencias autonómicas. Su objetivo es consolidar la estabilidad de las políticas públicas que combaten la violencia contra las mujeres, garantizando que los servicios esenciales permanezcan activos y coordinados en todo el territorio.
Además, Cantabria contará con otros 622.993,74 euros destinados al impulso de programas propios vinculados tanto a la violencia de género como a las violencias sexuales. Este segundo bloque de financiación procede del presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y permitirá implementar a lo largo de 2025 diversas iniciativas sociales.
Entre ellas, se incluyen proyectos para garantizar el derecho a una atención social integral para las mujeres y sus hijos e hijas menores, la mejora de los planes personalizados de asistencia, la atención específica a víctimas de agresiones sexuales y la prevención de la explotación sexual de menores tuteladas.
Con este reparto, el Ejecutivo central refuerza su compromiso con las víctimas y su apuesta por una respuesta institucional eficaz y coordinada frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.
