La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha rechazado el recurso de alzada interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra la resolución que fija el cupo de extracción de ejemplares de lobo para el periodo 2025-2026.
El departamento que dirige la consejera María del Carmen Martínez sostiene que el cupo, establecido en 41 ejemplares —un 20% de la población estimada—, responde a “criterios objetivos, científicos y técnicos” recogidos en el Plan de Gestión del Lobo. Además, los servicios jurídicos de la consejería consideran que la resolución se ajusta plenamente a derecho, por lo que no procede su nulidad ni la suspensión cautelar de su aplicación.
La resolución desestimatoria desmonta punto por punto las alegaciones presentadas por ASCEL. En primer lugar, la administración autonómica recuerda que el lobo en Cantabria está excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, base sobre la que se construye el resto del recurso de la asociación, lo que, a juicio del Gobierno, invalida el planteamiento general del mismo.
Además, se rechaza que el cupo aprobado responda a una “manipulación” o a una “cifra aleatoria”, como sostenía ASCEL. Al contrario, se argumenta que está sustentado en datos científicos actualizados y en bibliografía técnica especializada, mientras que, según la consejería, la asociación no aporta ningún estudio que respalde sus afirmaciones.
Otro de los puntos controvertidos era la supuesta falta de justificación del daño causado por el lobo a la ganadería. Sin embargo, los informes técnicos adjuntos a la resolución detallan que, en 2024, se produjeron 2.681 ataques de lobo que provocaron la muerte de 3.223 animales y heridas a otros 207. Cifras que, según el Gobierno, demuestran la necesidad de regular la población de esta especie.
En cuanto al estado de conservación del lobo en la región, desde la Dirección General de Montes y Biodiversidad se asegura que las poblaciones gozan de buena salud, algo que —según se destaca— ha sido comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del informe sexenal 2019-2024, tal y como establece la Directiva Hábitats de la Unión Europea.
Finalmente, el Ejecutivo cántabro también ha rechazado la petición de ASCEL de suspender la ejecución de la resolución, al no encontrar fundamento legal para ello. Tras esta decisión, la asociación animalista tiene la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa y presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en un plazo de dos meses.
