El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes las resoluciones por las que se somete a consulta pública el contenido de los tres primeros decretos que desarrollarán la recién estrenada Ley de Simplificación Administrativa, en vigor desde el pasado sábado. Con ello, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, da los primeros pasos para hacer efectiva esta normativa en beneficio de la ciudadanía y el tejido empresarial.
La consejera del ramo, Isabel Urrutia, ha subrayado que “la urgencia es absoluta” para activar cuanto antes los efectos prácticos de la ley, cuyo propósito es claro: acabar con los procedimientos administrativos interminables, reducir burocracia y allanar el camino a quienes necesitan relacionarse con la Administración. “Lo que antes era un lastre, ahora debe convertirse en una vía rápida”, ha apuntado.
En concreto, se someten a consulta tres proyectos de decreto: uno que regulará el silencio administrativo, otro que definirá el régimen de las entidades colaboradoras de certificación, y un tercero que ajustará los plazos de resolución de los procedimientos a los nuevos límites marcados por la ley.
El primero modificará el Anexo II de la Ley 5/2018, eliminando los supuestos en los que el silencio administrativo implica una respuesta negativa, para dotarlo —salvo excepciones— de efectos estimatorios, tal y como recoge el nuevo marco legal. El segundo establecerá los requisitos que deberán cumplir las entidades que certifiquen documentación presentada ante la Administración y prevé la creación de un registro autonómico específico. El tercero, por su parte, adaptará los tiempos de tramitación administrativa a un máximo de tres meses, norma general de la ley, lo que representa un cambio sustancial frente a los plazos actuales.
Las propuestas estarán abiertas a aportaciones durante los próximos quince días, hasta el 29 de abril. Las alegaciones deberán remitirse por escrito a la Dirección General de Función Pública, a través de los registros oficiales o el Portal de Transparencia del Ejecutivo cántabro.
Este paso se enmarca dentro de un proceso más amplio iniciado el sábado con la creación del Grupo de Trabajo para la Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas, que será el órgano encargado de analizar, proponer y coordinar medidas en este ámbito estratégico para la modernización de la gestión pública autonómica.
