El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha publicado este martes en un boletín extraordinario la resolución que establece el cupo de extracción de lobos en la Comunidad Autónoma para la próxima temporada 2025/2026. En total, se autorizará la eliminación de 41 ejemplares, dentro del marco normativo que permite un control poblacional regulado de la especie.
Así lo ha detallado la consejera del área, quien ha recordado que esta medida se adopta en aplicación del plan de gestión del lobo en Cantabria, que contempla extracciones de hasta el 20% de la población total. Según los datos actuales, en la región hay confirmadas 23 manadas, que ocupan más de 4.000 kilómetros cuadrados, con una densidad superior a tres ejemplares por cada 100 kilómetros cuadrados, lo que supone una población estimada de más de 200 lobos.
«Queremos seguir conviviendo con el lobo, como se ha hecho siempre, pero con un control responsable que permita garantizar la viabilidad de la ganadería extensiva», ha defendido la consejera, subrayando que la regulación se llevará a cabo bajo criterios técnicos y científicos.
La distribución del cupo de extracciones se realizará por zonas, atendiendo a la densidad y a los daños que la especie ha generado en cada área. Así, las comarcas de Campoo y Los Valles serán las que más ejemplares podrán abatir, con un total de 10. Les siguen las áreas de Nansa, Saja, Besaya y Pas-Pisueña, con cinco lobos cada una; Liébana, con cuatro; Asón-Miera, con dos, y el resto de municipios incluidos en el Plan de Gestión, con cinco en total.
En el caso concreto del Parque Nacional de los Picos de Europa, la regulación del lobo se llevará a cabo de manera coordinada con Asturias y Castilla y León, siguiendo las directrices de la Comisión de Gestión del espacio protegido.
La resolución del Ejecutivo autonómico supone la reactivación del control poblacional del lobo en Cantabria tras su salida del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), un movimiento que permite volver a aplicar medidas de gestión que fueron paralizadas en los últimos años. La consejera ha insistido en que esta decisión «no supone una amenaza para la especie», sino una herramienta «necesaria» para equilibrar su presencia con el desarrollo de la actividad ganadera.
