Una concentración de veterinarios frente a la Delegación del Gobierno en Santander derivó esta mañana en un corte de tráfico improvisado que colapsó el centro de la ciudad durante media hora. Lo que comenzó como una protesta pacífica a las 10:00 horas se convirtió en un caos circulatorio cuando, hacia las 10:45, parte de los manifestantes ocuparon la calzada frente a Correos, paralizando el tráfico entre la rotonda del Banco Santander y la calle Isabel II.
La intervención de la Policía Local y Nacional fue necesaria para reorganizar el tráfico, ya que la protesta no contaba con autorización. Los veterinarios, que finalmente volvieron a la acera sobre las 11:15, cerraron sus clínicas para secundar un movimiento nacional contra una ley que consideran «un ataque a su profesión». Su principal queja: la obligatoriedad de realizar cultivos bacterianos antes de recetar antibióticos, incluso en casos de urgencia vital.
Los profesionales critican especialmente tres aspectos de la ley: la obligatoriedad de realizar cultivos bacterianos previos a la prescripción de antibióticos, incluso en situaciones de emergencia donde el retraso en el tratamiento puede ser crítico; la prohibición de dispensar directamente ciertos medicamentos en las clínicas, obligando a los dueños a adquirirlos en farmacias que a menudo carecen de stock; y el sistema PresVet, que impone una carga burocrática adicional al requerir el registro telemático de todas las prescripciones de antibióticos.
El sector argumenta que estas medidas no solo cuestionan su criterio profesional, sino que encarecen los tratamientos y ponen en riesgo la vida de los animales en casos urgentes, como peritonitis sépticas o infecciones graves donde el tiempo de respuesta es crucial. Además, destacan la contradicción de que, mientras se implementan estas restricciones, el IVA de los servicios veterinarios se mantenga en el 21%, el tipo más alto, lo que según ellos convierte la atención sanitaria animal en un lujo inaccesible para muchos dueños.
La protesta refleja la frustración de unos profesionales que se ven atrapados entre cumplir una normativa que consideran inadecuada y actuar según su criterio clínico, arriesgándose a multas que pueden superar los 90.000 euros, como ya ha ocurrido en algún caso. Mientras, el Gobierno defiende que estas medidas son necesarias para combatir la resistencia a los antibióticos, un problema de salud pública de primer orden.
