La Fiscalía de Cantabria ha instado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a eliminar «de inmediato» los nombres de calles y elementos conmemorativos que aún rinden homenaje a figuras vinculadas al franquismo. Es la primera vez que la justicia española exige a un consistorio cumplir con la Ley de Memoria Democrática en esta materia.
En un escrito de diligencias al que ha tenido acceso la Cadena SER, el fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, acusa al Ayuntamiento de haber actuado de forma «consciente y deliberada» en «rebeldía» frente a la normativa. Además, le otorga un plazo máximo de un mes para ejecutar los cambios pendientes desde hace una década.
Un incumplimiento reiterado
El Ministerio Público subraya que el Ayuntamiento no ha aplicado sus propios acuerdos sobre Memoria Democrática, a pesar de que el Pleno municipal aprobó en 2015 y 2016 la retirada de hasta 18 nombres del callejero. La Fiscalía advierte de que, si en el plazo estipulado no se han suprimido las denominaciones señaladas, tomará medidas legales. Entre ellas, un recurso contencioso-administrativo y la notificación a la Dirección General de Memoria Democrática para que inicie un procedimiento sancionador por infracción grave.
El listado de calles afectadas incluye nombres como Alcázar de Toledo, División Azul, General Dávila, Capitán Cortés y García Morato, entre otros. Pese a las resoluciones aprobadas en Pleno, el Partido Popular, que gobierna la ciudad, ha evitado llevar a cabo los cambios, alegando que deben realizarse «de forma progresiva y dialogada con los vecinos», según ha defendido la alcaldesa en varias ocasiones.
Presión de asociaciones memorialistas
La decisión de la Fiscalía llega tras la insistencia de diversas asociaciones de memoria histórica. El pasado 13 de febrero, colectivos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria (Desmemoriados) y el Archivo de Guerra y Exilio (A.G.E.) presentaron una solicitud formal exigiendo que el Ayuntamiento cumpla la legislación vigente y elimine del nomenclátor cualquier referencia a la exaltación de la dictadura.
Hasta ahora, todas las denuncias presentadas en este sentido habían sido archivadas. Sin embargo, esta vez la Fiscalía ha decidido actuar, recordando en su escrito que «ensalzar a criminales de la dictadura a través de la nomenclatura urbana supone un acto de normalización de una realidad criminal y niega el derecho a la reparación de las víctimas».
Un plazo definitivo
A pesar de que en 2017 se reformó el Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones del Ayuntamiento, no se ha dado ningún paso efectivo para su aplicación. La Fiscalía sostiene que la legislación no es «una opción discrecional», sino una obligación que debe cumplirse sin condicionantes ideológicos.
Con este requerimiento, la alcaldesa tiene ahora un mes para decidir si acata la orden o se enfrenta a un proceso judicial que podría derivar en sanciones para el Ayuntamiento de Santander.
