La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicita al Gobierno de España que asuma el sobrecoste del soterramiento del tren en Torrelavega. La iniciativa busca que el Ejecutivo central cubra la parte correspondiente al Ayuntamiento de Torrelavega, que asciende a 25,4 millones de euros, un aumento de 8,8 millones respecto a la estimación inicial.
Según la PNL presentada, el coste total del proyecto ha pasado de los 83 millones de euros iniciales a más de 130 millones (más IVA). Este incremento se distribuye de la siguiente manera: el 50% será asumido por el Gobierno del Estado a través de ADIF, el 30% por el Gobierno de Cantabria y el 20% restante por el Ayuntamiento de Torrelavega. Podemos ha advertido que este sobrecoste «supondrá el endeudamiento de la ciudad durante 15 o 20 años», algo que consideran «inasumible» para las arcas municipales.
Mónica Rodero, portavoz de Podemos en Torrelavega, ha criticado la falta de acción por parte del Ayuntamiento y del Gobierno regional. «Esto es algo por lo que deberían estar peleando el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria, pero parecen haberse rendido», ha afirmado. Rodero ha subrayado que el gasto adicional equivale a «seis años de inversión en servicios sociales o a lo destinado a empleo en 8,5 años», lo que podría derivar en una «brutal subida de impuestos o la quiebra del Ayuntamiento».
Responsabilidades políticas
Rodero ha atribuido responsabilidades tanto al PP como al PSOE, recordando que la tramitación de la PNL dependerá de sus votos para salir adelante. «Ahora toca salvar las finanzas del Ayuntamiento y esperamos contar con su apoyo en esta iniciativa», ha señalado.
La portavoz de Podemos ha insistido en que la formación morada «luchará hasta el final» para evitar que los ciudadanos de Torrelavega tengan que asumir un coste adicional que consideran injusto. «No podemos permitir que este proyecto, que debería ser una oportunidad para la ciudad, se convierta en una carga insostenible para las familias y los servicios públicos», ha concluido.
La PNL presentada por Podemos pone el foco en la necesidad de garantizar que las grandes infraestructuras no supongan un lastre financiero para los municipios, especialmente en un contexto de crisis económica y social. Ahora, la iniciativa dependerá del apoyo de los grupos parlamentarios para su tramitación y aprobación en el Congreso.