El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este lunes a la Ley de Simplificación Administrativa, una norma que busca reducir la burocracia, eliminar trámites innecesarios y agilizar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración autonómica. La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha defendido la nueva legislación como «el revulsivo que Cantabria necesitaba», asegurando que supondrá un punto de inflexión en la gestión pública de la autonomía.
Menos papeleo, menos esperas
Uno de los ejes centrales de la ley es la reducción de plazos en los procedimientos administrativos, que como norma general deberán resolverse en un máximo de tres meses. Además, se impulsa el silencio administrativo positivo, salvo en aquellos casos en los que una norma estatal o europea establezca lo contrario.
La norma también promueve el uso generalizado de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, dejando la exigencia de licencias o autorizaciones solo para casos específicos regulados por normativas superiores. Asimismo, se limita a diez días el plazo para la emisión de informes y dictámenes, permitiendo que los procedimientos continúen si estos no son vinculantes.
Otra de las novedades es la creación de modelos normalizados de tramitación, que garantizarán una gestión más ágil y uniforme. A ello se suma la eliminación de controles y verificaciones duplicadas, evitando retrasos innecesarios.
Impulso a la inversión y la actividad empresarial
Con el objetivo de dinamizar la economía autonómica, la ley establece un marco de tramitación preferente para proyectos estratégicos, tanto públicos como privados. Esto permitirá acortar los tiempos de gestión de inversiones, facilitando su ejecución y acceso a incentivos y líneas de financiación.
El Gobierno de Cantabria asume así un papel más activo en la atracción de inversiones, a través de una Unidad Aceleradora de Proyectos, que dependerá directamente de la Presidencia del Ejecutivo autonómico. Esta unidad se encargará de guiar y agilizar los trámites de aquellas iniciativas que se consideren clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en la autonomía.
Según Urrutia, con esta reforma, un empresario podrá poner en marcha su negocio de inmediato, con solo presentar una declaración responsable en la que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Cambios en normativa y servicios públicos
La simplificación administrativa también se aplicará a sectores como medio ambiente, sanidad, protección civil o juventud, eliminando procedimientos innecesarios en:
- Planes de autoprotección
- Autorizaciones de aguas y cotos de caza
- Reconocimiento de la autoridad del personal sanitario
- Trámites para campamentos juveniles y obtención del carné joven
- Proceso de reconocimiento de familias monoparentales
En el ámbito social, la nueva normativa reducirá los tiempos de espera en la concesión de certificados de discapacidad, estableciendo un sistema automático en función del grado de dependencia:
- Grado I → 33% de discapacidad
- Grado II → 66%
- Grado III → 80%
Más vivienda, menos trabas urbanísticas
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la agilización de proyectos de construcción de vivienda, tanto libre como protegida. La ley permitirá que a través de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) se puedan desarrollar grandes promociones de vivienda junto a equipamientos públicos como colegios, institutos u hospitales.
Este enfoque busca aumentar la oferta de vivienda a precios más asequibles mediante la colaboración público-privada, algo que Urrutia ha defendido como «puro interés público».
Evaluación y seguimiento
Para garantizar su aplicación, la ley establece la creación de un Plan de Simplificación en los próximos seis meses, así como la revisión periódica de los plazos de resolución y los procedimientos administrativos. También se elaborarán informes anuales y se reconocerá a los organismos que logren mayores avances en simplificación.
La normativa será de aplicación en la Administración autonómica, su sector público institucional y en la Administración local de Cantabria.
