La Fiscalía de Cantabria ha decidido archivar la denuncia presentada por la Federación de Asociaciones DEAN contra el Ayuntamiento de Polanco a mediados del pasado año, al no encontrar indicios de actuación ilícita en la gestión de una familia de gatos propiedad de un vecino del municipio.
El archivo también afecta a las presuntas coacciones denunciadas por DEAN, que, según la federación, se habrían ejercido contra voluntarios encargados del cuidado de los animales. Las investigaciones realizadas no han permitido acreditar la existencia de estas amenazas o presiones.
Según el informe del Ministerio Público, las actuaciones del Consistorio se ajustaron en todo momento a la normativa vigente. En su resolución, la Fiscalía ha tenido en cuenta la documentación aportada por el Ayuntamiento, que refleja que la recogida y gestión de animales abandonados —incluidos perros y gatos— se realiza a través del contrato adjudicado al Centro Canino del Besaya, un procedimiento que no fue impugnado por ninguna entidad.
La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha valorado positivamente la decisión de la Fiscalía, que a su juicio «demuestra que el Ayuntamiento actuó de manera correcta y conforme a la legalidad». Según ha explicado, la intervención municipal se limitó a recoger los gatos que no podían ser atendidos por su propietario y trasladarlos a un centro autorizado para someterlos a los procedimientos necesarios: desparasitación, vacunación, esterilización, implantación de chip e, incluso, para facilitar su adopción.
Díaz ha recordado que el Ayuntamiento ha superado con éxito hasta once denuncias previas interpuestas por organizaciones similares a DEAN, en las que se ha constatado la legalidad de su actuación en materia de bienestar animal. Además, ha subrayado que el centro encargado de gestionar los gatos está debidamente autorizado por el Gobierno de Cantabria para realizar estas funciones.
Por otro lado, la regidora ha criticado la actitud de DEAN, a la que acusa de haber alimentado una «campaña artificial de desprestigio» contra el municipio y sus vecinos. Según Díaz, a través de las redes sociales se difundieron acusaciones infundadas sobre supuestos malos tratos a los animales o el incumplimiento de la ley de bienestar animal, llegando a señalar que el Consistorio permitía que los gatos murieran de hambre.
Esta campaña, ha lamentado la alcaldesa, no solo ha dañado la imagen del municipio, sino que también ha derivado en insultos y amenazas dirigidas a miembros de la Corporación municipal.
