El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, ha dejado claro que la comunidad autónoma reclamará «cualquier cantidad que le pertenezca», empleando «todas las vías jurídicas» disponibles. La reclamación se llevará a cabo mediante una primera fase de negociación política y, si es necesario, se recurrirá a la vía administrativa y judicial, en respuesta a cualquier medida que pueda ir en detrimento de los intereses de Cantabria.
El Ejecutivo autonómico planteará esta reivindicación «en el momento y lugar que corresponda» y con «datos reales de negociación», una vez dispongan de los resultados de los estudios sobre los cálculos económicos que están llevando a cabo.
Agüeros hizo estas declaraciones a preguntas del Grupo Parlamentario Regionalista durante la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos celebrada este martes. En su intervención, destacó la propuesta de condonación de deuda del Estado a las comunidades autónomas que presentará ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), criticando que los criterios se han diseñado «a imagen y semejanza de los intereses de Cataluña». Según Agüeros, esta propuesta es «tendenciosa, falsa y perjudicial para Cantabria», puesto que «la deuda no desaparece, cambia de sitio». Además, aseguró que la condonación de deuda propuesta deja a Cantabria 2,3 puntos por debajo de la media nacional, lo que considera una desventaja para la comunidad.
En cuanto a la reforma de la financiación autonómica, el consejero subrayó que Cantabria no aceptará un «tratamiento diferenciado» en la negociación, que pueda perjudicar a la comunidad. En su opinión, cualquier negociación unilateral que otorgue ventajas a ciertos territorios frente a otros atentaría contra los principios de unidad y solidaridad establecidos en la Constitución Española.
Preocupación del PRC
Por su parte, Paula Fernández, diputada y portavoz del PRC en materia económica, ha mostrado su preocupación ante lo que considera una falta de acción por parte del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga. Según Fernández, la administración autonómica «ni está preparada, ni muestra voluntad» para defender los intereses de Cantabria en la negociación sobre el futuro de la financiación económica. A su juicio, el Gobierno se limita a seguir la postura del Partido Popular a nivel nacional, en lugar de «trabajar para concretar una postura propia» y buscar lo mejor para los cántabros. «Sáenz de Buruaga está convirtiendo a Cantabria en rehén de los intereses electorales de Feijoo», lamentó la parlamentaria.
Fernández también criticó al consejero Agüeros por su falta de compromiso con las necesidades específicas de Cantabria, destacando que el Ejecutivo autonómico no ha hecho un esfuerzo suficiente por defender los intereses de la comunidad en la negociación de los fondos. Aseguró que las necesidades de Cantabria son muy diferentes a las de otras comunidades como Andalucía, Madrid o Valencia, territorios que, según ella, «son los que realmente le interesan al PP».
A pesar de estas críticas, la diputada regionalista se felicitó por la postura del consejero al haber asumido las alegaciones presentadas por el anterior Gobierno PRC-PSOE bajo la presidencia de Miguel Ángel Revilla. Estas alegaciones se oponían a la introducción de la población ajustada como criterio de reparto de los fondos, defendiendo en su lugar el coste efectivo de los servicios, que es «imprescindible» para garantizar la financiación de los servicios públicos en territorios como Cantabria, donde la orografía, la dispersión y el envejecimiento de la población suponen un coste «muy superior» al de las autonomías más pobladas.
Fernández también instó al Gobierno de Buruaga a «mantener y respetar» los compromisos asumidos en la Cumbre de Presidentes de noviembre de 2021, donde Cantabria formó parte de un frente común con otras comunidades autónomas como Asturias, La Rioja y Extremadura. Este frente se constituyó para defender un modelo de financiación basado en el coste real de los servicios y el statu quo, asegurando que ningún territorio pierda financiación.
Llamado a la acción ante la deuda
En relación con la condonación de deuda propuesta por el Gobierno central, Paula Fernández criticó la falta de acción por parte de Sáenz de Buruaga para fortalecer la posición de Cantabria, a pesar de haber sabido «desde hace más de un año» que la condonación iba a llegar. Aunque reconoció que la comunidad autónoma se beneficiará con una quita de 809 millones de euros y una reducción del 24% de la deuda, advirtió que Cantabria podría haber salido más beneficiada si la condonación se hubiera calculado con otros criterios, por los cuales el Gobierno autonómico «ni siquiera ha luchado». A pesar de ello, mostró su esperanza de que aún haya oportunidad para introducir ajustes en las próximas reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda, tal como anunció la ministra María Jesús Montero, dado que la ley no se aprobará hasta finales de año.
