La diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández, instará al Gobierno de Cantabria a revisar el proyecto de decreto sobre los servicios de farmacia hospitalaria y depósito de medicamentos en centros de asistencia social. La moción, que se debatirá en el Pleno del lunes, busca garantizar que no se introduzcan cambios sin el consenso de las farmacias y residencias afectadas.
Fernández ha recordado que el consejero de Salud, César Pascual, se comprometió esta semana a revisar la normativa tras el rechazo generado en el sector. Según la diputada regionalista, el decreto no tiene memoria económica, no mejora la prestación y tampoco supone un ahorro para el Servicio Cántabro de Salud, pero sí limita la libertad de elección de las residencias.
El PRC considera que no hay razones para modificar el sistema actual y defiende que las residencias puedan seguir eligiendo la farmacia que mejor se adapte a sus necesidades. Fernández ha advertido que, de aplicarse el decreto en su versión inicial, se impondría a los centros de menos de 100 camas la obligación de contar con una farmacia hospitalaria dentro de su municipio, lo que supondría un perjuicio para muchas farmacias y trabajadores del sector.
A modo de ejemplo, ha citado el caso de la farmacéutica de Tudanca, cuyo negocio y los puestos de trabajo que ha generado podrían desaparecer si se aplica la nueva normativa. También ha señalado que Cantabria sería la única comunidad en establecer esta restricción, cuando otras autonomías han garantizado la libertad de elección.
El PRC rechaza la introducción de estas limitaciones, que considera perjudiciales para el sector y para los municipios en riesgo de despoblamiento. Además, pide que se respeten los acuerdos alcanzados con la patronal de las residencias para evitar la imposición de servicios farmacéuticos propios en los centros con más de 100 camas.
