El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha acusado al Partido Popular de convertir la Ley de Simplificación Administrativa en «una ley de simplificación urbanística», al incluir 34 modificaciones en la Ley del Suelo con las que se busca permitir la construcción de vivienda libre en suelo rústico dentro de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIRes), modificar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y autorizar la presencia de autocaravanas y aparcamientos dentro del Parque Natural de Oyambre.
Hernando ha calificado estos cambios como «un escándalo» y ha responsabilizado al consejero de Fomento, Roberto Media, a quien acusa de «dar más la cara» en esta ley que la consejera de Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia. Además, se ha preguntado si Vox «es parte de esto» y si permitirá «atacar el territorio de Cantabria, Oyambre, el POL y la Ley del Suelo por la puerta de atrás».
Estas declaraciones del portavoz regionalista llegan tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para aprobar la ley y las 60 enmiendas que han presentado conjuntamente, incluidas 10 nuevas modificaciones de la Ley del Suelo que se suman a las 24 ya recogidas en el proyecto inicial y que, según Hernando, «nada tienen que ver con la simplificación administrativa».
Ante esta situación, el PRC propuso al Gobierno tramitar una reforma específica de la Ley del Suelo en el Parlamento «con luz y taquígrafos», pero la respuesta del Ejecutivo fue negativa y, en su lugar, introdujo nuevas enmiendas «por la puerta de atrás». Además, Hernando ha cuestionado la utilidad de las propuestas del PP en materia de dependencia y discapacidad, asegurando que «no aportan nada» y que «todo es mentira, como el resto de la ley».
Por su parte, el PRC ha presentado 82 enmiendas parciales con el objetivo de eliminar los aspectos que no simplifican trámites administrativos y garantizar la agilidad y eficiencia en la relación entre ciudadanos, empresas e instituciones con la Administración autonómica. Entre ellas, 13 enmiendas buscan suprimir contenidos redundantes o ajenos a la simplificación, como la reforma de la Ley del Suelo o la modificación del decreto sobre contaminación atmosférica industrial.
Asimismo, los regionalistas han planteado medidas para reforzar el control sobre las declaraciones responsables utilizadas para iniciar actividades económicas sin licencias previas, con el fin de evitar que la reducción de burocracia derive en «permisividad frente a las obligaciones legales». También han propuesto la creación de un servicio de asesoramiento técnico para municipios de menos de 5.000 habitantes, con un equipo de seis profesionales especializados, que deberá estar operativo en un plazo máximo de seis meses.
En el ámbito social, el PRC quiere cambiar el sentido del silencio administrativo en la concesión de subvenciones, para que las solicitudes sin respuesta en seis meses se consideren concedidas. Además, plantea reducir de seis a cuatro meses los plazos de respuesta en las solicitudes de discapacidad y dependencia y aplicar el silencio positivo para su concesión en caso de demora.
Por otro lado, proponen garantizar la existencia de ventanillas únicas presenciales en zonas afectadas por la brecha digital y dotar a la Unidad Aceleradora de Proyectos de los recursos necesarios para facilitar la tramitación de PSIRes estratégicos.
Dada la complejidad de la futura Ley de Simplificación Administrativa, las enmiendas regionalistas incluyen una ‘vacatio legis’ de seis meses entre su aprobación y aplicación, para que las administraciones locales puedan adaptarse y evitar problemas en la gestión e interpretación de la norma.
Pedro Hernando ha defendido que el PRC busca garantizar «una transición ordenada» y ha asegurado que su grupo trabajará para que la ley esté plenamente implementada a finales de 2025, de manera que 2026 sea «el año de la reducción de la burocracia y la simplificación de los procedimientos administrativos».
