El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha participado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada en Madrid bajo la presidencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Durante su intervención, ha valorado de forma positiva que el Ministerio haya decidido someter a consulta pública la orden que regulará las subastas de potencia para cogeneración de 1.200 megavatios, previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sin embargo, ha insistido en la necesidad de convocarlas con urgencia, ya que su demora, superior a tres años, está afectando gravemente al Índice de Producción Industrial (IPI).
«Es un primer paso, pero no suficiente», ha subrayado Arasti, recordando que la cogeneración ha sufrido una caída del 65% en Cantabria en 2023 respecto a 2019, un desplome que afecta tanto a la región como al conjunto del país. En este sentido, ha defendido que la cogeneración de alta eficiencia es «fundamental» para la competitividad industrial y aporta beneficios esenciales en términos de ahorro energético, reducción de emisiones y generación distribuida.
Cantabria, especialmente afectada
El consejero ha incidido en que Cantabria es una de las comunidades más afectadas por la crisis de la cogeneración, ya que este sector representa el 35% de la potencia total instalada en la región y el 5,3% a nivel nacional. Además, ha alertado de que muchas de las principales instalaciones cántabras han agotado o están próximas a agotar su vida útil regulatoria. Entre ellas, destacan las de Solvay y Dynasol, que actualmente se encuentran fuera de servicio.
Arasti ha recordado que el Gobierno de Cantabria lleva toda la legislatura reclamando la convocatoria de estas subastas ante el Ministerio y ha señalado que su puesta en marcha permitiría reactivar un ciclo de inversión estimado en más de 800 millones de euros en toda España.
Reclamaciones adicionales
En su intervención, el consejero ha solicitado también la convocatoria urgente de una subasta extraordinaria de capacidad para evitar que proyectos estratégicos, como la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, se vean comprometidos. «Esta infraestructura es clave para el sistema eléctrico estatal y para el futuro energético de Cantabria», ha defendido.
Asimismo, ha pedido que se agilice la emisión de certificados de eficiencia energética para facilitar la financiación de proyectos de interés en la región, como la nueva planta de cogeneración de Solvay en Barreda. El Ejecutivo cántabro ya ha declarado este proyecto de carácter estratégico, un requisito indispensable para acceder al pago de certificados de ahorro de emisiones de CO₂ y asegurar su viabilidad a largo plazo.
Postura sobre la energía nuclear
Por último, Arasti se ha sumado a la postura de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y ha reclamado que el Gobierno de España prolongue la vida útil de las centrales nucleares, en lugar de cerrarlas progresivamente hasta 2035. Según ha señalado, «no hay razones objetivas para su clausura», ya que estas instalaciones son seguras y desempeñan un papel esencial en el suministro eléctrico del país.
