Este martes, el Consejo de Ministros acordó presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, una medida que fue impulsada por el PP y Vox en el Parlamento regional. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó en rueda de prensa que este recurso se eleva al TC debido a la falta de consenso con el Ejecutivo cántabro.
La derogación de esta ley se aprobó en noviembre gracias a la mayoría parlamentaria de PP y Vox en la Cámara regional. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, firmó la medida, asegurando que la ley había «nacido muerta». En sus declaraciones, Buruaga subrayó que la ley, promovida por el PRC y el PSOE en la anterior legislatura, no había buscado «el consenso ni en la forma ni en el fondo» y que ni siquiera se había abierto al «diálogo».
“Una ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura debería haber contado con un cierto grado de consenso. Pero no fue el caso, ya que quienes la promovieron no lo buscaron”, afirmaba la presidenta cántabra al justificar la derogación.
La derogación de esta ley había sido una promesa electoral del PP, que la tramitó por vía de urgencia con el apoyo de Vox. Ambos partidos consideraron que la norma representaba un “ataque a la convivencia y a las libertades democráticas”. La Ley de Derogación, que consta de tres artículos y una disposición transitoria, establece los procedimientos que sustituyen a los regulados por la Ley de Memoria Histórica.
El primer artículo elimina la norma, mientras que el segundo regula las exhumaciones bajo la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, aprobada en 1998. El tercer artículo aborda la custodia del material documental relacionado con la represión política, de acuerdo con la Ley de Archivos de Cantabria de 2002. La disposición transitoria establece que los procedimientos iniciados bajo la ley derogada se regirán por la normativa original.
