El Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha dado por finalizada la fase de instrucción del caso abierto contra un monitor deportivo, acusado de grabar con su teléfono móvil a jugadoras de fútbol en los vestuarios de un complejo deportivo. Tras un exhaustivo análisis del dispositivo, se localizaron 36 grabaciones en las que aparecen las jóvenes, algunas de ellas menores de edad, mientras se duchaban o cambiaban de ropa tras entrenamientos y partidos. Además, en el terminal se encontró material pornográfico descargado de internet en el que aparecen niñas.
En un auto judicial hecho público hoy, y contra el que cabe recurso, el magistrado sostiene que existen “indicios racionales de criminalidad” contra el investigado, a quien se le imputan 46 delitos contra la intimidad en concurso con un delito de corrupción de menores. El juez ha ordenado el traslado de las diligencias a las partes acusadoras –el Ministerio Fiscal y 29 acusaciones particulares– para que decidan si formulan escrito de acusación, solicitan el sobreseimiento o piden nuevas investigaciones.
Según la resolución, “constan en la causa motivos suficientes para continuar las actuaciones contra el investigado”, quien habría grabado a un total de 46 víctimas en 34 vídeos adicionales encontrados en su teléfono. Los hechos se remontan al periodo comprendido entre abril y agosto de 2024, cuando el acusado fue sorprendido grabando a jugadoras del equipo visitante en dos ocasiones.
El magistrado subraya que el acusado actuó de manera “constante y casi obsesiva”, ejecutando un “plan predeterminado” para grabar a las jóvenes que utilizaban los vestuarios. Además, el auto destaca que, tanto por los vídeos hallados como por el material pornográfico descargado, el investigado mostraba una “predilección por las menores de edad”.
En consecuencia, el juez ha ordenado que el caso siga los trámites del procedimiento abreviado, al considerar que los hechos podrían constituir 46 delitos contra la intimidad y uno de corrupción de menores. Asimismo, se ha acordado notificar a la empresa para la que trabajaba el acusado su posible responsabilidad civil subsidiaria, ya que los hechos ocurrieron mientras prestaba servicios en las instalaciones deportivas donde se realizaron las grabaciones.
Cabe destacar que la resolución no es firme, por lo que el investigado podrá interponer un recurso de reforma ante el mismo magistrado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria. El caso ha generado una gran conmoción en la comunidad deportiva de la región, donde se espera que las víctimas reciban justicia y se refuercen las medidas de seguridad en los espacios destinados a los deportistas.
