El Juzgado de Instrucción n.º 2 de Santander ha dictado un auto que mantiene la imputación de dos ingenieros de la empresa pública Gesvican y de tres administradores de las constructoras Senor y Rucecan, por su presunta concertación para favorecer adjudicaciones a cambio de dinero. Según la investigación, los técnicos de Gesvican habrían elaborado documentación para los empresarios y les habrían beneficiado en la valoración de ofertas en concursos públicos entre 2018 y 2022.
El magistrado ha rechazado la solicitud de sobreseimiento presentada por las defensas, al considerar que existen “indicios más que suficientes” para continuar con el procedimiento. Además, ha ordenado tomar nuevamente declaración a los cinco investigados, ya que en la causa se han incluido dos contratos adicionales no contemplados en los informes iniciales.
En paralelo, el juez ha solicitado al Juzgado de Instrucción n.º 5 de Santander el testimonio de diligencias en las que aparecen conversaciones y mensajes telefónicos entre los imputados. No obstante, ha desestimado la petición de nuevas declaraciones testificales solicitada por una de las defensas, argumentando que la documentación y las pruebas existentes son suficientes para decidir si se abre juicio oral.
Pagos de hasta 5.000 euros por adjudicación
Según el auto, los ingenieros de Gesvican habrían pactado con los empresarios pagos de 2.500 euros por la elaboración de proyectos, 2.000 euros adicionales si su oferta resultaba la mejor valorada y 5.000 euros si finalmente conseguían la adjudicación del contrato.
Estos acuerdos habrían influido en la contratación de obras públicas en Cantabria, incluidas mejoras en el trazado de tres carreteras autonómicas y otras seis actuaciones de acondicionamiento de viales.
Las licitaciones investigadas se realizaron en virtud de una encomienda de gestión entre la Administración de Cantabria y Gesvican, que tenía entre sus funciones el análisis y valoración de las ofertas presentadas en concursos de la Consejería de Obras Públicas.
El juez concluye que “ninguna de las mercantiles investigadas contaba con un modelo de vigilancia y gestión adecuados para prevenir las conductas delictivas descritas”. La decisión sobre la apertura de juicio oral se tomará una vez finalizada la instrucción, momento en el que las defensas podrán presentar sus pruebas ante el tribunal.
