El comité de empresa de DIAVIDA, compuesto por UGT, CCOO, USO y CGT, ha solicitado la intervención del Gobierno de Cantabria para abordar el deterioro del servicio de transporte sanitario programado. Los sindicatos denuncian una escasez de personal y reiterados incumplimientos por parte de la empresa concesionaria, incluyendo retrasos en el pago de salarios, vulneraciones del convenio colectivo y deficiencias en la prevención de riesgos laborales.
José Alberto Ibarguen, presidente del comité de empresa de DIAVIDA en Cantabria, señaló que la responsabilidad recae tanto en la empresa como en la Administración. «Es el Gobierno de Cantabria el que tiene que dar un puñetazo sobre la mesa porque, de lo contrario, la situación se agravará todavía más», afirmó.
El sindicalista recordó la huelga general convocada el 28 de noviembre en las ambulancias del transporte sanitario programado, que concluyó con un acuerdo ese mismo día entre la empresa y los sindicatos. Sin embargo, destacó que «no se ha cumplido en ninguno de sus puntos porque DIAVIDA sigue incumpliéndolo todo».
Ibarguen enfatizó la necesidad de una acción inmediata por parte del Gobierno de Cantabria, la Consejería de Sanidad, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y la Gerencia de Atención Primaria para resolver la situación.
Además, el sindicalista destacó los numerosos expedientes sancionadores contra la empresa concesionaria en sus cuatro meses de servicio en Cantabria, señalando que «no negocia ni informa a los sindicatos, sigue habiendo retraso en el pago de los salarios cada mes, no ha presentado ni el plan de formación ni el de prevención de riesgos laborales, ha impuesto el calendario laboral y acumula constantes retrasos en los desplazamientos por la falta de personal».
Ibarguen también subrayó que la empresa incumple la obligación de que servicios que requieren dos técnicos, según el pliego de condiciones, «siguen realizándose con sólo uno».
El sindicalista aclaró que la concesionaria inició su trayectoria en Cantabria con «una plantilla de 136 trabajadores que ya venía justa de la anterior concesionaria, Ambuibérica, pero ahora faltan como mínimo 30 trabajadores, aunque no se sabe con exactitud porque la empresa no facilita a los sindicatos el número de excedencias, bajas voluntarias y bajas de incapacidades temporales».
«Hay trabajadores que ante la situación actual ya han pedido la cuenta», agregó Ibarguen, quien recordó que «llevamos en este servicio esencial para la sociedad más de 26 años y nunca se había llegado a lo que está pasando hoy».
Ibarguen también recordó que «DIAVIDA rebajó en más de un millón de euros el presupuesto para hacerse con la concesión del servicio y, si no tiene liquidez económica para mantenerlo, el Gobierno de Cantabria tendrá que tomar cartas en el asunto porque no está cumpliendo ni con su plantilla ni con la calidad de un servicio esencial para la ciudadanía».
Por su parte, Gildo Cabañeros, delegado de prevención del comité de empresa de DIAVIDA en Cantabria, presentó un informe de la Inspección de Trabajo sobre los incumplimientos en la normativa de prevención de riesgos laborales. Cabañeros destacó que la empresa está obligada a dotar de equipos de protección individuales (EPIs) y a la limpieza del vestuario en un número determinado de veces, «y no lo hace porque, además, sigue sin habilitar vestuarios, duchas o taquillas en las bases, incumpliendo las normas más básicas de prevención y forzando al personal a llevarse la ropa a casa».
El delegado de prevención extendió estos incumplimientos a las bases operativas de la concesionaria de las ambulancias del transporte sanitario programado de Cantabria en Santander, Torrelavega, Reinosa y Laredo, aunque destacó la especial gravedad de la nave laredana.
A todo ello, Cabañeros añadió que «por incumplir, la empresa ni siquiera realiza la desinfección de las ambulancias con los productos requeridos».
