La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado su «disconformidad y perplejidad» tras la citación del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien deberá declarar como imputado el próximo 29 de enero. La investigación se centra en una presunta filtración relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado difundido en la red social X, la UPF ha denunciado que esta imputación supone «criminalizar el funcionamiento normal» del Ministerio Fiscal. La organización recuerda que los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, fundamentales para esta institución, están recogidos en el artículo 124 de la Constitución.
La asociación califica la resolución judicial como «altamente discutible» y considera que «ignora la norma esencial» que regula la actuación fiscal. Según la UPF, esto representa un «ataque directo» al funcionamiento interno de la institución y a los principios de jerarquía y unidad que la rigen.
Asimismo, defienden que informar al fiscal general sobre asuntos de relevancia no es opcional, sino una «obligación» de los fiscales jefes para garantizar dichos principios.
En cuanto a la investigación de Pilar Rodríguez, teniente fiscal de la secretaría técnica, la UPF señala que la resolución del Supremo podría interpretarse como que la «dación de cuentas al superior jerárquico» pasa a ser considerada un posible indicio de delito.
Por último, la asociación ha subrayado que no solo falta cualquier indicio de criminalidad contra los investigados, sino que existen «sólidos contraindicios» que deberían llevar al «inmediato archivo del procedimiento».
