La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la imputación del líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, por un presunto delito de desórdenes públicos relacionados con las protestas contra la amnistía celebradas en noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
El Ministerio Público atribuye a Pérez la publicación, entre los días 5 y 7 de noviembre, de mensajes en su canal de Telegram —con más de 313.000 seguidores— que, según fuentes jurídicas, «incitaron públicamente a cometer desórdenes públicos, a realizar actos de resistencia contra las fuerzas de seguridad, e incluso a fabricar y utilizar sustancias peligrosas para la salud».
La Fiscalía argumenta en un informe que el canal de Telegram de Pérez, al ser abierto al público y contar con un elevado alcance, le convierte indiciariamente en autor del delito: «La capacidad de difusión de sus mensajes permite considerar su responsabilidad en los hechos investigados», señala el documento.
Proceso judicial
El caso llegó al Tribunal Supremo desde el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, que remitió la denuncia presentada contra Alvise Pérez debido a su condición de eurodiputado, que le otorga aforamiento ante la Sala Segunda del Supremo.
Como parte del procedimiento, la Sala ha solicitado al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad parlamentaria mediante un suplicatorio, paso necesario para que Pérez pueda ser interrogado sobre los hechos denunciados.
Contexto de las protestas
Las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del PSOE, donde se produjeron disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, se convocaron en rechazo a la ley de amnistía impulsada por el Gobierno. Según la Fiscalía, los mensajes difundidos por el líder de SALF pudieron agravar los incidentes.
El líder de Se Acabó La Fiesta, que accedió al Parlamento Europeo tras las elecciones de 2024, no se ha pronunciado públicamente sobre la petición de la Fiscalía. De confirmarse su imputación, podría enfrentarse a graves consecuencias legales, dado el alcance de las acusaciones que pesan sobre él.
