El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los ‘barones’ territoriales del partido se están reuniendo este fin de semana en Asturias para acordar la estrategia y agenda política del Partido Popular para 2025, con la vivienda como uno de los principales temas a tratar. La cita concluirá mañana, 12 de enero, en Oviedo con la presentación de la ‘Declaración de Asturias’, que será firmada por todos los presidentes autonómicos del PP.
El acto de clausura contará con la presencia de Feijóo y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y se llevará a cabo a partir de las 11:30 horas. La consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia, representará a los populares cántabros en esta cumbre, ya que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se encuentra de viaje institucional en México.
Durante el encuentro, que comenzó el viernes en Colunga, se están coordinando políticas clave y exhibiendo «estabilidad» frente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que los ‘populares’ consideran «acorralado por la corrupción» y «sin futuro». Cuca Gamarra, secretaria general del PP, destacó que el partido está proponiendo soluciones concretas a los problemas reales de los ciudadanos, soluciones que ya se están implementando en los territorios donde el PP gobierna.
Además de la vivienda, en la cumbre también se están abordando otros temas cruciales como la simplificación administrativa y el impulso hacia un mercado único. En cuanto a la vivienda, Feijóo y sus ‘barones’ están trabajando en tres áreas principales: la presentación de una Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, y la solicitud de desbloqueo de la Ley Antiokupación, que ya fue aprobada en el Senado pero sigue bloqueada en el Congreso.
Mañana, durante la clausura, se firmará la ‘Declaración de Asturias’, que marcará las prioridades políticas del PP en los próximos años. Esta declaración continuará la línea de trabajo marcada en la cumbre de Córdoba de 2023, donde el partido se comprometió a políticas como la gratuidad de la educación infantil, la simplificación administrativa y una financiación autonómica justa, entre otras propuestas clave.
