El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves un paquete de medidas en materia de vivienda con el objetivo de «estabilizar el mercado inmobiliario» y «facilitar el acceso a una vivienda digna». Estas acciones, que incluyen un aumento de las ayudas al alquiler y una actualización de los precios máximos de las viviendas protegidas (VPO), han despertado tanto expectativas como críticas.
Incremento de precios en las viviendas protegidas
Uno de los puntos más destacados es la nueva subida de los precios máximos de las viviendas protegidas. Este incremento, que oscila entre un 5% y un 8% dependiendo de la zona geográfica, busca incentivar la construcción de más promociones públicas y privadas. Sin embargo, también encarece el coste final para los compradores, que asumirán una carga económica mayor por segundo año consecutivo.
En las zonas de mayor demanda, como Santander, Castro Urdiales y los recientemente añadidos Torrelavega, Comillas, Suances y Laredo, el precio por metro cuadrado útil pasa de 1.781 a 1.901 euros, lo que supone un aumento del 6,7%. Para un piso de 70 metros cuadrados, esto se traduce en un sobrecoste de 8.400 euros respecto al año anterior.
En el resto de Cantabria, el incremento también es significativo: en la zona B el metro cuadrado sube a 1.788 euros (+8%), mientras que en la zona C, más rural, alcanza los 1.625 euros (+4,9%). Estos aumentos se suman a los del pasado ejercicio, cuando los precios ya experimentaron subidas de hasta un 21,7%.
El consejero de Vivienda, Roberto Media, justificó esta medida alegando que «los precios actuales no eran suficientes para animar a las empresas privadas a construir viviendas protegidas». No obstante, reconoció que hasta ahora solo se han impulsado 48 viviendas bajo este modelo en Santa Cruz de Bezana.
Ayudas al alquiler: más cobertura para los inquilinos
Paralelamente, el Ejecutivo ha aprobado un nuevo decreto que amplía las ayudas al alquiler, tanto en cuantía como en condiciones de acceso. El límite máximo del precio del alquiler subvencionable sube de 500 a 700 euros al mes, mientras que el porcentaje subvencionable pasa del 40% al 50%, permitiendo que las familias puedan recibir hasta 350 euros mensuales.
En el caso de colectivos especialmente vulnerables, la ayuda puede cubrir el 100% del alquiler, con un máximo de 700 euros al mes. Además, la duración de estas ayudas se amplía de dos a cinco años, un cambio significativo que busca otorgar mayor estabilidad a los beneficiarios.
«Estas medidas buscan adecuarse a la situación real del mercado de la vivienda y garantizar que nadie se quede atrás», afirmó el consejero Media. Añadió que los actuales perceptores de las ayudas deberán renovarlas a través de los canales habilitados, como la sede electrónica de la Dirección General de Vivienda.
Foco en los jóvenes y el reto demográfico
El nuevo decreto también introduce mejoras en las ayudas destinadas a jóvenes menores de 35 años, especialmente en municipios de menos de 10.000 habitantes. Estas ayudas, tanto para la compra como para el alquiler, buscan favorecer el asentamiento de población joven en zonas rurales.
Para el alquiler, el límite máximo también se eleva a 700 euros mensuales, con una subvención de hasta el 60% (420 euros al mes). En cuanto a la compra, los jóvenes podrán optar a ayudas directas de hasta el 20% del precio de la vivienda, con un límite de 10.800 euros para inmuebles que no superen los 120.000 euros.
Reacciones y críticas
Mientras el Gobierno regional asegura que estas medidas consolidan su apuesta por ser «el Ejecutivo más social de la historia», algunos sectores cuestionan la eficacia de la subida de precios de las VPO. Si bien el aumento busca atraer inversiones privadas, los críticos señalan que encarece aún más el acceso a la vivienda protegida, especialmente para los jóvenes y las familias con menos recursos.
De hecho, en dos años, el coste de un piso tipo en Santander ha aumentado cerca de 35.500 euros. «Estamos ante una fórmula que beneficia más a los promotores que a los ciudadanos», aseguran desde algunas organizaciones sociales, que piden soluciones que prioricen la accesibilidad antes que la rentabilidad.
A pesar de ello, el consejero Media defendió la estrategia: «Este modelo público-privado es clave para que Cantabria pueda contar con más viviendas protegidas. Es un problema de país, y las administraciones públicas deben actuar allí donde la iniciativa privada no llega».
En definitiva, las medidas aprobadas apuntan a dinamizar el mercado de vivienda en Cantabria, aunque su impacto real dependerá de si logran un equilibrio entre el aumento de la oferta y la accesibilidad económica para los ciudadanos más vulnerables.
