La Audiencia Provincial de Cantabria ha señalado para los días 12 y 13 de marzo el juicio contra el administrador único de una mercantil acusado de crear un entramado de sociedades y testaferros para evitar el pago de una deuda de 1,7 millones de euros con Hacienda. El procedimiento, que ya se suspendió en octubre tras la renuncia de un abogado, se celebrará en la Sección Primera.
Delitos y penas solicitadas
La Fiscalía imputa al principal acusado un delito contra la Hacienda Pública, solicitando tres años de prisión y una multa de 3,5 millones de euros. Para los otros dos implicados, presuntos cooperadores necesarios, pide dos años de cárcel y 500.000 euros de multa. Además, se solicita una multa de 3,5 millones para las cinco sociedades acusadas.
Por su parte, la Abogacía del Estado eleva las penas solicitadas para el principal acusado: cinco años de cárcel, una multa de 8,2 millones de euros, inhabilitación para gestionar empresas por cinco años y pérdida de beneficios públicos durante siete años. Para los otros procesados, solicita penas de hasta cuatro años de prisión y multas del triple de lo defraudado.
Trama de operaciones ficticias
Según las acusaciones, el administrador simuló junto a los demás acusados la compra de inmuebles por parte de su empresa para generar facturas falsas y declarar un IVA soportado de 1,62 millones de euros, compensando así el pago del IVA real. Las transacciones carecían de pagos efectivos y tenían como único objetivo eludir las obligaciones tributarias.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran los hechos un delito fiscal agravado en concurso con falsedad en documento mercantil, con un perjuicio claro para las arcas públicas. Además de las penas de cárcel y multas, solicitan que los implicados indemnicen a Hacienda con 1,73 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.