El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC), mayoritario en el ámbito educativo de la región, ha emitido un contundente comunicado en el que denuncia lo que califica como una «deriva autoritaria» por parte de la Consejería de Educación, encabezada por el consejero Sergio Silva. Según el STEC, la Consejería no ha sabido dar respuesta a las legítimas demandas del profesorado de la enseñanza pública, destacando el incumplimiento de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cantabria, que instaba al Gobierno a negociar una adecuación retributiva para los docentes.
El sindicato acusa a la Consejería de adoptar medidas represivas contra las movilizaciones del profesorado, como la realizada en noviembre con el encierro pacífico en la sede del Gobierno en Peña Herbosa. Según el STEC, el Ejecutivo llegó a impedir el acceso de alimentos, ropa y atención médica a los manifestantes para forzar su salida, una estrategia que consideran «liberticida» y que, aseguran, generó un efecto contraproducente para la imagen del Gobierno. Además, critican la emisión de circulares desde la Consejería que descontextualizan la legislación para deslegitimar protestas como los encierros en centros educativos, llegando incluso a instar la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El STEC también señala al consejero Silva por intentar enfrentar al profesorado de la enseñanza pública con los equipos directivos de la concertada, y asegura que tanto él como la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, están perdiendo crédito entre los docentes por su negativa a incluir una partida presupuestaria que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante 17 años. A pesar de las tensiones, el STEC celebra la movilización creciente del colectivo docente y el apoyo de la sociedad cántabra, al tiempo que advierte que las protestas no cesarán hasta que la Consejería y el Gobierno decidan abrir un verdadero diálogo basado en la negociación y el respeto mutuo.