El escándalo de corrupción que involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su mano derecha Koldo García y el empresario Víctor de Aldama ha alcanzado a Cantabria. Según un informe presentado por Aldama al Tribunal Supremo y publicado por El Diario Montañés, las obras de la A-67, que incluyen el nudo de Torrelavega y la ampliación del tercer carril entre Polanco y Santander, forman parte de una lista de proyectos presuntamente manipulados mediante el cobro de comisiones ilegales. En total, el caso abarca 128 contratos de obra pública en toda España, por un importe total de 54 millones de euros, durante el mandato de Ábalos entre 2018 y 2021.
En el caso de Cantabria, las obras del tercer carril Polanco-Santander, adjudicadas en 2023 con un sobrecoste de 173 millones de euros, y la remodelación del nudo Barreda-Sierrapando, valoradas en 125 millones, están entre los proyectos señalados. El informe detalla que ambos aparecen en los documentos con anotaciones manuscritas y subrayados que podrían coincidir con la letra de Ábalos o Koldo García, según la defensa de Aldama. Estos documentos muestran cómo las empresas adjudicatarias se habrían comprometido a pagar comisiones a cambio de los contratos.
Además, Aldama afirmó que muchas de las constructoras implicadas mantenían relaciones comerciales con él. Entre las empresas mencionadas se encuentran ACS, SIEC, Lantania y Ortiz Construcciones. Según los documentos, las obras ya adjudicadas estaban subrayadas en rosa, mientras que las que estaban en proceso de negociación aparecían en verde, un sistema que vincula estas adjudicaciones con presuntos acuerdos irregulares.
El empresario también acusó al entorno personal de Ábalos. En su declaración, aseguró que el hijo del exministro, Víctor Ábalos, pactó con él la entrega de un apartamento de lujo en Madrid, valorado en 1,9 millones de euros, como parte de los beneficios por el amaño de adjudicaciones.
El caso sigue bajo investigación en el Tribunal Supremo, que podría realizar pruebas caligráficas para confirmar las acusaciones. Mientras tanto, las obras de la A-67 en Torrelavega y otras infraestructuras de Cantabria quedan bajo escrutinio, en un caso que podría tener implicaciones legales y políticas de gran alcance.
