El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 50 enmiendas parciales a los presupuestos generales de Cantabria para 2025, por valor cercano a 1,8 millones de euros, que suponen «una nueva vuelta» al proyecto, para «acercarlo más a la solución de los problemas de los ciudadanos, apuntalar aún más los servicios públicos básicos de sanidad, educación y bienestar y dar un empuje al empleo y al crecimiento económico». «Son medidas presupuestarias que complementan los más de 300 millones de euros que quedaban comprometidos en el primer acuerdo del PRC para aprobar el presupuesto».
Así lo ha explicado el portavoz parlamentario de los regionalistas, Pedro Hernando, quien ha presentado estas enmiendas como «una apuesta decidida» por la identidad y municipalismo en Cantabria, los servicios públicos esenciales y de calidad y el impulso económico y del empleo.
En una rueda de prensa celebrada minutos antes de proceder al registro de las medidas dentro del plazo que ha concluido a las 12,00 del mediodía, Hernando ha destacado entre las encaminadas a promover la identidad y el municipalismo el incremento de las partidas destinadas a las entidades locales menores y las mancomunidades, que subirán un 3 por ciento, el mismo porcentaje que el Fondo de Cooperación Municipal.
Además, el PRC quiere reforzar las cuantías para organización de ferias y mercados tradicionales, la difusión de la microtoponimia de Cantabria, la creación de una plataforma de e-learning sobre temas cántabros, promoción de conciertos folk y proyectos como Legado Cantabria y Agro Cultura, además de aumentar las ayudas para los clubes deportivos y los deportes autóctonos como el remo y los bolos.
Asimismo, incrementa las partidas para los convenios con municipios afectados por el declive demográfico, como valle de Villaverde o Valderredible, «sin olvidar que en los municipios más grandes también existen necesidades». Por ello, refuerza el proyecto Europan en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega y los estudios para la comarcalización del transporte en el área metropolitana de Santander y la creación de un aparcamiento disuasorio en altura en el Palacio de Festivales.
Para impulsar los servicios públicos esenciales, el PRC incorpora al presupuesto más ayudas para mejorar las condiciones de las asociaciones y colectivos que trabajan directamente con los beneficiarios y apuesta por la prevención como fórmula para solucionar problemas en el Sistema Cántabro de Salud. Con estos objetivos, las enmiendas incrementan las ayudas a organizaciones como Unate, Cavas, Consuelo Berges, Accas, AMAT, Proyecto Hombre, Es Retina y las asociaciones contra la diabetes, el alzheimer y el bullying.
Además, apuestan por que el Servicio Cántabro de Salud trabaje en proyectos contra la obesidad infantil, la prevención del suicidio y del juego patológico y la atención a pacientes con enfermedades neurodegenerativas, mientras que en el ámbito educativo realizan «un mayor hincapié» en materia de comedores escolares, Formación Dual y el plan de movilidad educativa en zonas rurales, al tiempo que plantean nuevos fondos para contribuir a la movilización de la vivienda vacía.
El tercer gran bloque de atención del PRC en sus enmiendas es el impulso económico y del empleo, por lo que ha recogido parte de los contenidos que la Mesa del Diálogo Social trasladó al Gobierno de Cantabria y que no fueron sido incluidos en el primer documento del presupuesto, con más dinero para fomento del empleo joven y de los mayores de 45 años, el programa relevo en las empresas o el plan de autónomos con discapacidad.
Del mismo modo, los regionalistas aumentan el dinero destinado al medio rural y al sector primario, con más ayudas para la apicultura, la Cofradía de Pescadores de Santander, los proyectos de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Santander y la implementación del informe Dragui sobre el futuro económico de la Comunidad Autónoma.
Finalmente, han presentado una única enmienda a la Ley de Medidas que acompaña el presupuesto, para garantizar que el pago de la solicitud única de la PAC sea realizado al sector primario a más tardar el 30 de junio del año siguiente al de la petición, realizando una trasposición «estricta» de la normativa de la Unión Europea.
