El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado al Gobierno central un ambicioso paquete de ayudas por un total de 31.402 millones de euros(el presupuesto actual de Valencia es de 31.501 millones de euros.) para enfrentar las devastadoras consecuencias de la reciente DANA en la Comunidad Valenciana. Las medidas solicitadas buscan cubrir un amplio rango de necesidades urgentes en las áreas más afectadas. Entre las peticiones destaca una ayuda adicional de 15.000 euros para las familias que han sufrido pérdidas significativas (adicional a los 6.000 euros ya comprometidos por el gobierno valenciano). También se incluye una partida de 1.400 millones destinada a la adquisición de vehículos de reemplazo, dado que muchas familias han perdido sus medios de transporte. Además, se requieren 2.200 millones para trabajos de limpieza y reforzamiento en los cauces de los ríos con el fin de minimizar el riesgo de futuras catástrofes similares.
Estas propuestas forman parte de un plan más amplio de 136 medidas que el gobierno valenciano ha desarrollado para poner en marcha la reconstrucción de las áreas devastadas por el temporal. En paralelo, el Consejo de Ministros del Gobierno central prevé aprobar esta mañana un primer paquete de ayudas, así como la declaración oficial de zona catastrófica para la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. La declaración de «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» (ZAEPC), coordinada por el Ministerio del Interior, permitirá a los damnificados solicitar ayudas de emergencia de manera más rápida y directa. Además, los ministerios han trabajado intensamente para que las ayudas lleguen a las familias y negocios afectados de manera inmediata. Sin embargo, el gasto extraordinario que implica la reconstrucción será elevado, y el Gobierno está evaluando la posibilidad de negociar con Bruselas para obtener mayor flexibilidad fiscal que le permita cumplir con estos compromisos sin incumplir los objetivos de déficit acordados con la Unión Europea.
En el ámbito fiscal, Hacienda ha tomado la decisión de posponer el segundo pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los más de 200.000 contribuyentes de las zonas afectadas, cuyo vencimiento estaba previsto para hoy. Esta medida busca aliviar la presión sobre las familias que han perdido parte de su patrimonio en la catástrofe. Asimismo, se estudian exenciones en otros impuestos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), para reducir la carga tributaria a los afectados. Por otro lado, en el sector de la vivienda, el gobierno contempla ayudas económicas para aquellos que han perdido sus inmuebles o que requieren reparaciones urgentes. Estas ayudas también podrían extenderse a locales comerciales y estacionamientos que se hayan visto dañados.
En el área de infraestructuras, el Ministerio de Transportes ha invertido ya 25 millones de euros en reparaciones urgentes de carreteras y vías ferroviarias, y próximamente se anunciará un plan integral de reconstrucción para la red de transporte. Este plan incluirá rutas alternativas y reforzará la infraestructura para enfrentar futuras emergencias. El Ministerio de Economía, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, ha empezado a procesar las más de 46.000 solicitudes de indemnización recibidas hasta el momento. Los peritos están trabajando activamente en contacto con los afectados, y se espera que los primeros pagos de indemnización se efectúen esta misma semana, según informan fuentes oficiales.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha anunciado medidas importantes en el ámbito laboral. Confirmó la activación de los ERTE por fuerza mayor para los trabajadores de las zonas afectadas y el acceso a la prestación por cese de actividad para los autónomos que se han visto forzados a detener sus negocios. Además, las empresas que se acojan a estos ERTE recibirán una exención completa en sus cotizaciones a la Seguridad Social, y los empleados no agotarán su prestación por desempleo durante este periodo. Estas medidas tendrán carácter retroactivo desde el 29 de octubre y buscan garantizar la estabilidad laboral en un contexto de gran incertidumbre.
El Gobierno también evalúa la asignación de recursos adicionales en los meses y años próximos, dado que la recuperación completa de las zonas afectadas llevará tiempo y requerirá un presupuesto considerable. Las autoridades recuerdan la experiencia reciente de la erupción del volcán en La Palma, en la que, a tres años del desastre, el Estado sigue prestando ayuda económica a los damnificados y ha invertido ya alrededor de 1.000 millones de euros. En esta ocasión, la extensión de las medidas fiscales y de apoyo económico deberá ir acompañada de un riguroso control del gasto público, y la negociación con la Comisión Europea será clave para establecer un marco fiscal que permita atender a los afectados por la DANA sin comprometer los compromisos presupuestarios de España en el contexto europeo.
En definitiva, el proceso de recuperación exigirá un esfuerzo conjunto y coordinado entre las administraciones y la sociedad civil, con el fin de reconstruir las infraestructuras, restaurar el tejido social y económico y garantizar que las familias puedan volver a sus hogares y recuperar una vida normal.
