Este lunes, el Parlamento de Cantabria aprobó la derogación de la Ley de Memoria Histórica autonómica, con el apoyo del Partido Popular (PP) y Vox, quienes argumentaron que la normativa excluye a algunas víctimas y afecta negativamente la convivencia social. En contraste, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) votaron en contra, destacando que recordar el pasado es esencial para construir el futuro y que la ley permitía honrar y reparar a todas las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. La derogación fue rechazada por estas dos últimas formaciones, que afirman que el PP y Vox eliminan un avance hacia la reparación de injusticias históricas.
Durante el debate, el diputado del PP Íñigo Fernández explicó que la derogación respondía a un compromiso electoral, ya que, en su opinión, la ley vigente dividía a las víctimas en «primeras» y «segundas» clases, dependiendo de su ideología. Por su parte, Leticia Díaz, portavoz de Vox, afirmó que la derogación de la ley acabaría con la «fractura social» que, según ella, el PRC y el PSOE habían fomentado con esta normativa, a la que criticó como una medida “partidista” y que buscaba imponer “una historia oficial”. En la misma línea, Díaz tachó la ley de “totalitaria”, al interpretar que reprimía la libertad de expresión y que seguía un esquema “comunista” al crear una narrativa histórica unificada.
Por otro lado, Pedro Hernando, diputado del PRC, lamentó que se derogase la ley en su totalidad, en lugar de reformarla, ya que, en su opinión, esto elimina el apoyo a actividades de recuperación de la memoria, como las exhumaciones y la preservación documental. Para Hernando, el acto de derogación se basa en “mentiras” y perjudica la reparación de las víctimas de la dictadura. Igualmente, el portavoz socialista, Pablo Zuloaga, aseguró que esta decisión era inconstitucional y añadió que miles de familias cántabras aún desconocen el paradero de sus seres queridos, sepultados en fosas comunes desde la Guerra Civil. Zuloaga destacó que “derogar la memoria es instaurar el olvido” y prometió que el PSOE seguiría luchando por la reparación de todas las víctimas.
La derogación de la ley provocó protestas de colectivos sociales como la Plataforma Memoria y Democracia, que reunió a unas 200 personas el pasado 23 de octubre frente al Parlamento cántabro para manifestarse en contra de la medida, portando pancartas con lemas como «Sin memoria no hay futuro».
Durante esta misma sesión parlamentaria, se debatieron otros temas. Una moción de Vox, apoyada por el PP, instó al gobierno cántabro a solicitar la dimisión del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales, citando casos de presunta corrupción que afectan a personas cercanas al entorno del presidente. La propuesta fue rechazada por el PRC y el PSOE, que calificaron el debate como improcedente y carente de base en hechos probados.
Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad una propuesta del PRC para implementar medidas en beneficio de la juventud cántabra en acceso a servicios y vivienda, dado que Cantabria presenta una de las tasas de emancipación más bajas del país. Entre las medidas destacadas, se encuentran las deducciones fiscales para alquiler de jóvenes y un programa de ayudas para la compra de viviendas en áreas con riesgo de despoblación.
