El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, liderado por el Partido Popular (PP), ha sacado adelante la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para el año 2025, en un pleno extraordinario celebrado este martes. La propuesta incluye un incremento del 16% en el servicio de recogida de vehículos y una actualización del 2,8% en las tarifas de agua y alcantarillado, en función del Índice de Precios al Consumo (IPC). Estas medidas, según ha defendido el equipo de Gobierno, son necesarias para mantener el equilibrio económico-financiero del Ayuntamiento. Sin embargo, toda la oposición (PSOE, Vox, PRC e IU) ha votado en contra, criticando duramente los aumentos y la falta de diálogo en la elaboración de las ordenanzas.
El concejal de Hacienda, Javier García, ha destacado que por décimo año consecutivo se congelan los impuestos municipales, las tasas y los precios públicos, una política que, según ha señalado, supone que el Consistorio deje de ingresar unos 9,7 millones de euros. Además, García ha insistido en que las ordenanzas reflejan el compromiso del PP con mantener una baja presión fiscal, posicionando a Santander como una ciudad con alta competitividad en este aspecto, destacando que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los más bajos permitidos por la ley. A pesar de ello, ha reconocido que la inflación ha impactado en las finanzas municipales, lo que ha obligado a ajustar algunos servicios para garantizar su viabilidad, como es el caso del agua y alcantarillado, donde el contrato obliga a aplicar el IPC.
Por su parte, la oposición ha manifestado su descontento con las decisiones adoptadas por el equipo de Gobierno. Daniel Fernández, portavoz del PSOE, ha criticado que se aplique la actualización del IPC en el servicio de agua, señalando que esto beneficia a la empresa concesionaria a la que el Ayuntamiento «vendió el servicio». Según Fernández, el contrato con la concesionaria permite que esta obtenga un beneficio empresarial del 6,5%, lo que, sumado a la repercusión del IPC, ha resultado en un aumento acumulado del 16% en los últimos años para los santanderinos. El socialista también ha cuestionado la falta de justicia fiscal en las bonificaciones, que se aplican a todas las familias sin distinción de renta, algo que considera injusto.
Desde Vox, su portavoz, Laura Velasco, ha señalado que los ciudadanos «pagan sus impuestos religiosamente» pero no ven reflejados esos pagos en mejoras de los servicios públicos. Velasco ha criticado que, aunque el PP afirme no subir los impuestos, el coste del agua, el alcantarillado y el servicio de grúa subirá para los santanderinos. También ha denunciado la mala calidad de servicios como el transporte urbano y la falta de información cuando hay interrupciones en el suministro de agua.
El PRC, representado por María Victoria Fernández, ha argumentado que las subidas en los servicios no son menores y que la subida del 16% en el servicio de grúa no refleja el impacto real, que, según ella, asciende a un 30% en términos globales. También ha criticado que el Partido Popular «incumpla» su promesa de no subir impuestos, aplicando el aumento del IPC en servicios básicos como el agua y el alcantarillado. El concejal de IU, Keruin Martínez, ha reforzado esta crítica, acusando al equipo de Gobierno de imponer subidas fiscales de manera injusta y sin criterios de progresividad, afectando a todos los ciudadanos por igual sin tener en cuenta sus niveles de renta.
Ante las críticas, el concejal de Hacienda ha lamentado que la oposición no esté de acuerdo «en nada» y que se limite a criticar la actualización del IPC sin tener en cuenta las bonificaciones y los bajos impuestos que mantiene el Ayuntamiento. Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha salido en defensa de las ordenanzas, criticando que los concejales de la oposición «confundan» a los ciudadanos diciendo que la actualización del IPC es una subida de impuestos. Igual ha explicado que aplicar el IPC, que es «el coste de la vida», es necesario y está regulado por ley, y ha defendido el aumento del 16% en el servicio de grúa argumentando que este es «deficitario» y la subida solo afectará a quienes hagan un mal uso del espacio público, no a todos los santanderinos.
Una vez aprobadas inicialmente las ordenanzas fiscales para 2025, estas serán publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y estarán en exposición pública durante un periodo de 30 días hábiles, durante el cual los ciudadanos podrán presentar alegaciones o sugerencias.
