En el último pleno del Parlamento de Cantabria, los grupos del PP y el PRC aprobaron, con sus votos, extender hasta junio de 2025 el plazo para que el Gobierno regional presente ante la Cámara el proyecto de Ley de Vivienda. El PSOE decidió abstenerse, mientras que Vox votó en contra. Originalmente, el PRC había presentado una proposición no de ley que instaba al Gobierno a presentar el proyecto antes de que finalizara 2024, pero aceptaron una enmienda presentada por el PP que proponía un plazo adicional de seis meses, hasta el cierre del primer periodo de sesiones parlamentarias de 2025.
Javier López Estrada, diputado del PRC, defendió la enmienda y aseguró que un retraso de seis meses no es significativo en comparación con la importancia que tiene la futura ley para regular el acceso a la vivienda, una cuestión que calificó como una «urgencia social». En su intervención, destacó la necesidad de desarrollar una legislación «valiente y con medidas específicas», centrada en incentivar la construcción de viviendas de alquiler asequible, especialmente dirigidas a jóvenes y a colectivos vulnerables, pero sin descuidar la protección de la propiedad privada y mejorando la seguridad jurídica en el mercado del alquiler.
Por su parte, Rafael de la Gándara, portavoz del PP, afirmó que la Ley de Vivienda que presentará el Gobierno de Cantabria buscará un «espíritu de permanencia, concordia y consenso», diferenciándose de las medidas más intervencionistas que, según él, ha impulsado el Gobierno de España. Aseguró que su grupo no permitirá que se enfrenten como derechos excluyentes el acceso a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, ya que ambos son compatibles, tal como lo establece la Constitución. De la Gándara subrayó la intención del PP de presentar una ley «equilibrada» que regule el mercado sin caer en lo que denominó un «intervencionismo bestial».
En contraste, el PSOE, que se abstuvo en la votación, reiteró que ya había registrado en la Cámara su propio proyecto de Ley de Vivienda, el cual trabajaron durante la pasada legislatura cuando formaban parte del Gobierno. La diputada socialista Ana Belén Álvarez explicó que su proyecto se basa en tres pilares: fomentar el alquiler como forma universal de acceso a la vivienda, ampliar el parque público de viviendas, e impulsar la rehabilitación de edificios. Vox, en cambio, votó en contra, argumentando desconfianza hacia el PRC en cuanto a la gestión de la vivienda y la protección de la propiedad privada. El diputado de Vox, Armando Álvarez, afirmó que la iniciativa presentada no ofrecía soluciones reales al problema de la vivienda y culpó a las políticas urbanísticas impulsadas por el bipartidismo de haber llevado a la región a una situación que calificó de «desastrosa».
En el mismo pleno, también se debatió una proposición no de ley presentada por Vox para mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios, que fue aprobada con los votos del PP y Vox, la abstención del PRC y el voto en contra del PSOE. Esta iniciativa aboga por una subida salarial en el sector sanitario acorde con la productividad, y propone implementar un programa para retener, atraer y recuperar talento mediante incentivos económicos, mejoras en las condiciones laborales y el desarrollo de una carrera profesional. Además, se solicita al Gobierno regional que gestione con urgencia ante el Estado el aumento de plazas de formación MIR, y que se tomen medidas para aumentar la eficiencia del sistema de salud pública, incluidas las posibles colaboraciones público-privadas.
Una enmienda conjunta presentada por el PRC y el PSOE para modificar algunos aspectos de la propuesta de Vox no fue aceptada, ya que, según la diputada de Vox, Natividad Pérez, alteraba el contenido original de la iniciativa. La propuesta final fue aprobada con una enmienda del PP, que, entre otras cosas, refuerza la necesidad de poner plazos efectivos para la implementación de las mejoras salariales y el programa de retención de talento en el sector sanitario.
Otro tema que generó consenso en el pleno fue la aprobación, por unanimidad, de una proposición del PP que exige al Gobierno de España cumplir con sus compromisos respecto al centro logístico de La Pasiega. En este sentido, los grupos parlamentarios de PP, PRC, PSOE y Vox coincidieron en la importancia de esta infraestructura para el desarrollo económico de la región.
Además, se discutió una iniciativa del PRC para que el Ejecutivo adjudique, en un plazo de seis meses, el contrato de operación y mantenimiento de la Red Digital de Radiocomunicaciones de Emergencias de Cantabria (REMERCANT), que también fue aprobada por la Cámara. Sin embargo, una propuesta del PSOE para la creación de una tasa turística en la región fue rechazada, con los votos en contra de PP y Vox, y la abstención del PRC.
Durante la sesión, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, respondió a varias preguntas de la oposición. Los temas abordados incluyeron los compromisos del Gobierno de España con la región, la financiación municipal y el desarrollo del centro logístico de La Pasiega, entre otros. También se trataron cuestiones como la plaza de pediatra en el centro de salud de Potes, el transporte escolar en la comarca de Liébana, y el futuro de la Casa de Cultura de Torrelavega.
Finalmente, el pleno concluyó con una pregunta de Vox sobre las obras de saneamiento en el cauce del río Asón a su paso por Limpias, cerrando así una sesión cargada de temas de relevancia tanto para el desarrollo regional como para la mejora de los servicios públicos en Cantabria.
