La Unión Europea ha dado un paso clave hacia la modificación del estatus de protección del lobo en su territorio, tras una votación en la que una amplia mayoría de los Estados miembros respaldaron la propuesta de la Comisión Europea para flexibilizar las normas de gestión de esta especie. Esta iniciativa, basada en el Convenio de Berna, busca reducir el nivel de protección del lobo, que pasaría de estar «estrictamente protegido» a ser una especie con protección más flexible. La decisión fue tomada durante una reunión de los embajadores de los países de la UE (Coreper), y aunque aún debe ser formalmente ratificada por los ministros en un próximo Consejo –posiblemente en los días siguientes–, el visto bueno de los embajadores deja entrever que el cambio se adoptará sin mayores contratiempos.
El cambio que se propone aligeraría el actual blindaje del lobo, permitiendo mayor flexibilidad a la hora de gestionar las poblaciones de esta especie en áreas donde se considere que su número es excesivo o donde cause importantes conflictos con las actividades humanas, particularmente con la ganadería. A pesar de esta modificación, el lobo seguiría siendo una especie protegida bajo el Convenio de Berna, suscrito por más de 50 países, incluidos los 27 de la UE. Esta reforma no implicaría la eliminación total de las medidas de protección, pero sí facilitaría, por ejemplo, establecer cuotas de caza en zonas específicas para controlar las poblaciones de lobos cuando estas representen un problema.
La votación reveló una clara mayoría a favor de la propuesta: 21 de los 27 Estados miembros respaldaron la iniciativa de la Comisión Europea, mientras que España e Irlanda votaron en contra, y países como Bélgica, Chipre, Eslovenia y Malta optaron por la abstención, según confirmaron fuentes diplomáticas. Uno de los factores clave que inclinó la balanza a favor de la flexibilización fue la postura de Alemania, un país que defiende la coexistencia entre el lobo y el ganado, argumentando que es posible encontrar un equilibrio entre la protección de la especie y la actividad agrícola. Alemania ha experimentado un notable aumento en la población de lobos en los últimos años, lo que ha generado tensiones en algunas regiones.
La postura de España y las comunidades autónomas
En contraste, el Gobierno español, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha sido un firme opositor a la rebaja de la protección del lobo. La posición española ha estado en línea con las políticas de conservación que se han impulsado en los últimos años, que buscan proteger a esta especie, considerada fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, esta postura ha generado críticas en varias comunidades autónomas, especialmente aquellas con mayor presencia de lobos, como Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia. Estas regiones han experimentado un aumento en los ataques de lobos a los rebaños de ganado, lo que ha causado importantes pérdidas económicas y tensiones entre los ganaderos.
Cantabria, una de las regiones más afectadas, ha sido particularmente vocal en su oposición a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una medida impulsada por el Gobierno central en 2021 que aumentó significativamente el nivel de protección de esta especie. Los ganaderos de la región han señalado que, desde la aplicación de esta medida, se ha producido un incremento notable en los ataques de lobos, afectando gravemente sus actividades. La consejera cántabra de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha sido una de las principales defensoras de flexibilizar las normas de protección, argumentando que la situación es «crítica y agónica» para los ganaderos, quienes se sienten desprotegidos frente al aumento de los ataques de lobos.
En declaraciones recientes, Susinos ha aplaudido la decisión de la mayoría de los países de la UE de apoyar la propuesta de la Comisión Europea, calificándola de «primer paso importante» para resolver los problemas que enfrentan los ganaderos. La consejera ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de ser «insensible» con los problemas del sector ganadero y de haber tomado una «nefasta» decisión al incluir al lobo en el LESPRE, lo que, según sus palabras, ha llevado a un crecimiento desmesurado de la población de lobos y a un aumento de los daños que estos causan al ganado.
Un debate sobre la coexistencia y el equilibrio
El debate sobre el futuro de la protección del lobo no solo involucra a España. En varios países de Europa, el aumento de las poblaciones de lobos ha generado preocupaciones similares entre ganaderos y comunidades rurales, quienes ven en esta especie una amenaza directa para sus medios de vida. Sin embargo, colectivos ecologistas y conservacionistas, como WWF y Ecologistas en Acción, han criticado con fuerza la decisión de la UE, argumentando que una relajación de las normas de protección del lobo podría poner en peligro los esfuerzos para garantizar su supervivencia a largo plazo. Estas organizaciones consideran que los países han votado sin tener en cuenta criterios científicos sólidos y advierten que la medida podría dificultar la recuperación de las poblaciones de lobos en áreas donde todavía son vulnerables.
El Convenio de Berna, firmado en 1979, fue uno de los primeros tratados internacionales dedicados a la conservación de la fauna y flora salvaje, y establece un marco para la protección de especies amenazadas en Europa. Aunque el lobo ha experimentado una notable recuperación en algunas partes del continente, su conservación sigue siendo un tema delicado, dado el impacto que su presencia tiene en las actividades humanas, particularmente en el sector ganadero. Por esta razón, encontrar un equilibrio entre la conservación de la especie y las necesidades de las comunidades locales se ha convertido en uno de los principales retos para los responsables de política ambiental en la UE.
Perspectivas futuras y el camino por delante
La propuesta que ha sido aprobada por los embajadores de la UE es solo el primer paso en un proceso más amplio que busca revisar las normas de protección del lobo en toda Europa. Una vez ratificada por los ministros en el próximo Consejo, la Comisión Europea tendrá que presentar formalmente la enmienda ante el Comité Permanente del Convenio de Berna, que se reunirá en diciembre para discutir el asunto. Mientras tanto, la propuesta de Bruselas, presentada el pasado 20 de diciembre de 2023, tiene como objetivo abordar el conflicto creciente entre la recuperación de las poblaciones de lobos y las comunidades rurales afectadas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había anunciado en noviembre de 2022 su intención de encargar un estudio profundo sobre el impacto del lobo en las áreas rurales de la UE, después de que un lobo matara un poni de su propiedad. Este suceso puso en relieve la tensión existente entre la conservación de la especie y las preocupaciones de quienes viven y trabajan en zonas donde la presencia del lobo es cada vez más común.
En cualquier caso, la decisión que finalmente adopte la UE no obligará a los Estados miembros a cambiar sus políticas nacionales de protección del lobo, por lo que España, por ejemplo, no estaría forzada a modificar la inclusión del lobo en el LESPRE. Sin embargo, la decisión de Bruselas sí podría influir en el debate interno sobre cómo gestionar las poblaciones de lobos en regiones donde el conflicto entre esta especie y las actividades ganaderas es más intenso. Así, mientras algunos celebran el avance como un reconocimiento a la difícil situación de los ganaderos, otros temen que la medida pueda poner en riesgo los logros conseguidos en la protección de uno de los grandes carnívoros emblemáticos de Europa.
