El diputado y portavoz del PRC en materia de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, ha instado hoy al Gobierno de Cantabria a retomar el Plan de Gestión del Lobo, ampliar la zona de máxima incidencia para incorporar a 9 municipios que registran una alta presencia de la especie, pagar las ayudas previstas a los ganaderos y pedir informes para acometer nuevas extracciones, una vez archivadas por los tribunales las dos querellas presentadas por los grupos ecologistas contra las realizadas por el anterior Ejecutivo.
Blanco ha recogido estas propuestas en una moción que someterá el próximo lunes a la aprobación del Pleno del Parlamento de Cantabria, tras «dos años en blanco» y de «parálisis de la defensa de los ganaderos frente al lobo», desde la llegada del Partido Popular al Ejecutivo cántabro.
Así lo ha anunciado este jueves en una rueda de prensa en la que ha abogado por el cumplimiento del Plan de Gestión aprobado en 2019 y por completar la reforma iniciada en enero de 2023 para ampliar la zona de máxima incidencia de 36 a 45 municipios, con la incorporación de Arredondo, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Miera, Los Corrales, Herrerías, Ruesga, San Felices de Buelna y Valdáliga, donde el número de manadas ha crecido como consecuencia de la inclusión en el Listado de Especies Protegidas (LESPRE) en 2021.
Blanco ha explicado que la llegada del PP al Gobierno en junio de 2023 supuso la «paralización» no sólo del plan y su reforma «sin ninguna explicación, sin notificar a las organizaciones profesionales», sino también de las ayudas ambientales y los apoyos para la compra y mantenimiento de mastines existentes hasta entonces. Como consecuencia, «dos años en blanco y de parálisis», ha enfatizado.
La moción del PRC pretende acabar con esta situación e impulsar la reforma del Plan de Gestión y el pago de los servicios ambientales no realizado en 2023 y 2024, en torno a un millón de euros cada año, así como la convocatoria de subvenciones para mantenimiento de mastines y cierres perimetrales, tampoco realizada en los dos últimos años y cuya cuantía anual ronda los 300.000 euros.
Asimismo, pide al Gobierno que requiera los informes preceptivos al Ministerio para realizar órdenes de extracción. «Sabemos el camino, sabemos además que lo que hicimos, a pesar de ser paralizado por los tribunales no incurría en ningún error, ya que las dos querellas presentadas contra las órdenes de extracción han sido archivadas por los tribunales», ha precisado el diputado regionalista.
Guillermo Blanco ha valorado además la disposición de la Unión Europea a revisar la protección del lobo, rechazada únicamente por dos países, entre los que «tristemente» se encuentra España junto a Irlanda, pero ha destacado que quien endureció la protección de esta especie y la «sobreprotegió» fue el Estado español, por lo que la flexibilidad europea no implicará ningún cambio.
Por ello, «lo que hay que intentar de nuevo es que el lobo salga del Listado de Especies de Protección Especial, dada la cantidad de ellos que tenemos en Cantabria y en las otras tres comunidades que lo padecen, hasta llegar a las 3.000 víctimas de ganado a lo largo de 2023», ha concluido.
