Según una investigación reciente del Tribunal de Cuentas, publicada por El Diario Montañés, se han detectado «irregularidades» en los pagos de cuotas de afiliados del Partido Popular (PP) de Cantabria en 2020, durante un proceso de renovación de 33 juntas locales. El proceso, que fue suspendido 48 horas antes de las votaciones por decisión de la dirección nacional del partido, encabezada entonces por Pablo Casado y Teodoro García Egea, estuvo marcado por tensiones internas entre las facciones del partido. Mientras la dirección nacional alegaba cuestiones de «seguridad jurídica» y limitaciones impuestas por la pandemia, el PP cántabro, bajo la influencia de María José Sáenz de Buruaga, sospechaba de una maniobra política para frenar a los candidatos afines a ella, quienes lideraban en la mayoría de las juntas locales.
El Tribunal de Cuentas ha centrado su investigación en los pagos de cuotas de afiliados, destacando que, en ese año, solo en Cantabria se observó la intervención de terceros para abonar las cuotas. En concreto, el informe detalla que se realizaron ingresos de cuotas por valor de 17.260 euros, equivalentes a 863 anualidades, en nombre de distintos afiliados, lo que genera dudas sobre la trazabilidad de los pagos, ya que la ley estipula que los mismos deben ser abonados directamente por los afiliados. De estos pagos, el informe señala que 480 euros fueron realizados en efectivo por un único intermediario, mientras que otros 5.780 euros fueron abonados en cajeros automáticos, algunos con hasta 63 abonos en un mismo día. La mayor parte de los ingresos, 10.940 euros, se hicieron a través de transferencias realizadas por 20 intermediarios, 17 de los cuales eran cargos públicos del partido.
Aunque el Tribunal de Cuentas ha señalado las anomalías, no se ha abierto un expediente sancionador en este caso, a diferencia de otras investigaciones recientes, como la que resultó en una multa contra Vox. El organismo fiscalizador subraya que las irregularidades dificultan la identificación del pagador real, lo que contraviene la Ley de Financiación de Partidos Políticos. No obstante, la ambigüedad en la normativa sobre los pagos por terceros parece ser un factor clave para que, de momento, el asunto no haya derivado en sanciones, como ya ocurrió en 2017 cuando una disputa similar en el PP de Cantabria no prosperó en los tribunales.
