La futura Ley de Control Ambiental de Cantabria mantendrá «al cien por cien» las garantías de protección medioambiental, pero simplificará y agilizará los trámites administrativos a los ciudadanos y las empresas que quieran poner en marcha una actividad y será un instrumento al servicio del desarrollo industrial y económico de la comunidad autónoma.
Así lo ha asegurado hoy el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en la presentación del anteproyecto de ley, que sale hoy a información pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), tal y como adelantó el pasado domingo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en su intervención en el Día de Cantabria en Cabezón de la Sal. El plazo para presentar aportaciones al texto legal permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre.
Media ha destacado que la nueva normativa, que reemplazará la «obsoleta» Ley de Control Ambiental Integrado, del año 2006, está en línea con el compromiso del Gobierno en materia de simplificación administrativa y pretende acabar con las demoras excesivas en la concesión de las autorizaciones ambientales.
«Que una autorización tarde dos, cuatro o seis años en otorgarse o denegarse, y en algunos casos mucho más, no es garantía de nada. Solo garantiza que algo no funciona dentro de la propia administración», ha subrayado.
Novedades
El consejero de Medio Ambiente ha puesto el foco en las dos novedades principales que introduce la nueva ley: en primer lugar, la declaración ambiental responsable para proyectos de «escasa relevancia ambiental» y, en segundo lugar, la sustitución de la Comisión de Comprobación Ambiental por un informe de la Dirección General de Medio Ambiente para aquellas iniciativas de mayor envergadura.
Sobre la primera de estas medidas, ha recordado que en la actualidad cualquier actuación, «por pequeña que sea», requiere del informe obligatorio de la Comisión de Comprobación, informe que, según ha dicho, «puede tardar meses». A partir de la aprobación de la nueva ley, para proyectos de menor importancia bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presenten una declaración responsable, indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma.
«Eso les va a permitir poner ya en marcha su actividad y, posteriormente, la administración comprobará que toda la documentación está en regla y que la actividad coincide con lo declarado y con la normativa vigente. Si existe alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de la actividad y serán sancionados tanto el promotor como el técnico responsable», ha explicado el titular de Medio Ambiente.
Por otro lado, cuando los proyectos tengan «alguna relevancia medioambiental» y a instancias del promotor, será la Dirección General de Medio Ambiente la encargada de recabar todos los informes sectoriales necesarios para, seguidamente, emitir el suyo propio, que tendrá carácter preceptivo y vinculante y será previo a cualquier actuación urbanística.
Como ejemplo, el consejero ha apuntado que una explotación ganadera de hasta 50 vacas, si son de leche, y de hasta 100 vacas, si son de cebo, solo necesitaría de una declaración responsable para ponerse en marcha, pero, si tuviera más de ese número de cabezas de ganado, ya necesitará del informe de Medio Ambiente.
Del mismo modo, en el sector agroalimentario estarían sujetas a declaración ambiental y, por tanto, exentas de informe todas aquellas actividades cuya producción no supere los cien kilos por día, al igual que la apertura de una peluquería o de un bar, si éste no necesitara de extracción de humo.
Además, Roberto Media ha añadido que con la nueva ley será la Comunidad Autónoma la responsable de otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas (AII) y las Evaluaciones Ambientales, y de emitir los informes de comprobación ambiental, descargando así de trabajo a los ayuntamientos, que tendrán la competencia de vigilar y controlar las actividades sujetas a comprobación ambiental.
Objetivos, medidas cautelares y sanciones
El consejero de Medio Ambiente ha resumido en cinco los objetivos de la nueva ley: alcanzar el máximo nivel de protección del medio ambiente, agilizar la burocracia y evitar duplicidades, establecer un control administrativo ambiental previo a la puesta en marcha de determinadas instalaciones y una supervisión posterior, impulsar la corresponsabilidad público-privada, establecer medidas correctoras para reparar o compensar posibles daños ambientales y fomentar la participación social.
En este sentido, ha avanzado que el texto recoge también la posibilidad de poner en marcha medidas cautelares urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación ante un riesgo grave. En estos casos, ha precisado que la administración se reserva la facultad de paralizar la actividad, precintar tanto las instalaciones como la maquinaria e, incluso, retirar y decomisar los productos.
Asimismo, la ley incrementa las cuantías de las sanciones, que pueden ir desde los 200 euros, en el caso de las leves, hasta los 500.000 euros, para las muy graves.
Y para asegurar el cumplimiento de la normativa, el consejero ha señalado que se va a poner un especial énfasis en la inspección, mediante la regulación del Plan de Inspección de las Autorizaciones Ambientales Integradas y de los Programas de Inspección Ambiental Integrada.
«Esta futura ley tiene una clara vocación de simplificación administrativa, con la decidida voluntad de reducir y agilizar los trámites y la carga burocrática que soportan las empresas y los ciudadanos en cualquier actividad sometida a algún tipo de control ambiental y, al mismo tiempo, que las actividades necesarias para conseguir el progreso de la región puedan convivir en armonía con la protección del medio ambiente», ha concluido Media, que confía en que la norma se apruebe en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones y «con el máximo consenso posible».
El consejero ha estado acompañado en la presentación por el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano, y por el subdirector general, Gustavo Merino.
