El de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha asegurado que la solución a los derribos en la Comunidad Autónoma durante la presente legislatura estará «avanzadísima»- ha destacado- «pueda costar más dinero o menos, más disgustos o menos, pero tengo la orden de la presidenta y mi convicción propia de que este problema lo vamos a resolver».
Así se ha expresado el consejero durante el encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación, previa a su participación en la XXV Ruta de los Inocentes organizada por AMA que ha tenido lugar en el Ateneo de Santander para analizar la situación en los municipios con sentencias urbanísticas, concretamente en Piélagos, Escalante, Arnuero y Argoños.
Tal y como ha insistido el consejero, que ha estado acompañado por el director general de Urbanismo, Víctor Gil, «este Gobierno no tiene nada que ver con los anteriores» y, para ello, entre otras puntualizaciones, ha concretado en cifras destinadas al pago de indemnizaciones los avances llevados a cabo hasta el momento.
En este sentido, Roberto Media, que ha defendido la postura de los afectados por ser «los grandes perjudicados y olvidados durante más de veinte años», ha detallado que el actual Gobierno cántabro, en un año, ha puesto encima de la mesa 5.769.000 euros lo que supone un 58 por ciento de los 9,9 millones totales destinados al pago a los propietarios.
Por lo tanto, el consejero ha reiterado que «hay claras diferencias entre un Gobierno y otro» pues ha añadido que este año se van a destinar 9 millones en total y se mantiene el Fondo de Derribos con 6 millones a los que habrá que sumar la partida que se destine para ello en los próximos presupuestos. «Hay diferencias sustanciales entre nosotros y los otros», ha apostillado.
Análisis municipal
En relación con la situación actual en los municipios sobre los que pesan sentencias de derribo, Roberto Media ha analizado el estado en el que se encuentra cada uno de ellos.
En el caso de Arnuero, el consejero ha recordado que estará solucionado «en pocos meses» y en Escalante, una vez que se le liciten próximamente las obras para la construcción de las viviendas de sustitución, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses y 3,3 millones de inversión, estará también resuelto.
Por otro lado, en relación a Argoños, el consejero ha declarado que se trata de un abordaje «más complejo» pues aún hay que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo tras haber admitido la inejecución de las sentencias ante el perjuicio que podría generarse si finalmente el Supremo confirma la legalidad vigente del PORN, del PGOU y, consecuentemente, de las licencias emitidas.
Si la sentencia fuera favorable, como confía en que ocurra, el 90 por ciento estaría resuelto, ha destacado, pero en caso contrario, Roberto Media ha confirmado que el Gobierno de Cantabria estaría dispuesto a avalar los convenios y «responder incluso de las sentencias que no le corresponde tal y como nos hemos comprometido». En esta situación habría que buscar la solución correspondiente mediante vivienda de sustitución o indemnización.
Por último, en el caso del municipio de Piélagos, actualmente se está pendiente de la sentencia por los recursos de inejecución tras la modificación de la Ley del Suelo sobre la que el consejero se ha mostrado «optimista» para alcanzar resultados esperados y que únicamente fue apoyada por el Partido Popular y el PRC.
En este sentido, Roberto Media ha afeado que cuando en el Parlamento se votan PNL por unanimidad que no son vinculantes y se tratan de mera declaración de buenas intenciones «todos se suman», pero sin embargo cuando se solicita la modificación de una Ley que beneficia a 63 familias de Piélagos «algunos de los que están hoy aquí manifestándose votaron en contra».
Asimismo, ha puntualizado que el Ayuntamiento de Piélagos ya ha aprobado de forma provisional su nuevo Plan General y trabajan con los servicios jurídicos y desde la Dirección General de Urbanismo para dar forma al documento y someterlo a información pública.
A través del PGOU se podría posibilitar la legalización de 63 viviendas, pero ha concluido que «vamos a intentar ser rápidos, pero evitando riesgos a que cualquier sentencia nos anule ese documento».
Finalmente, en representación de AMA, Antonio Vilela, ha insistido en que esta legislatura se pueda dar una solución definitiva al problema de los derribos y al cumplimiento de las resoluciones del Parlamento de Cantabria, las emitidas por el Defensor del Pueblo y otras instituciones nacionales y europeas.
