La Federación de Industria, Construcción y Agro UGT-FICA ha responsabilizado hoy a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del bloqueo que está sufriendo la negociación del nuevo convenio colectivo y el plan de igualdad de la única planta productiva de Equipos Nucleares (ENSA) en Maliaño, que emplea a más de medio millar de trabajadores.
En un comunicado, UGT-FICA, sindicato mayoritario en ENSA, rechaza la estrategia “obstruccionista” de la empresa, participada por la SEPI, tras 21 meses de negociación del nuevo convenio colectivo porque “simplemente contradice las políticas del propio Gobierno español y pone en entredicho el diálogo social y el entendimiento imprescindible entre las partes para alcanzar acuerdos”.
UGT-FICA agrega que “por si esto fuera poco, la dirección de ENSA no entra a negociar un plan de igualdad obligado por ley o una reducción de jornada laboral de carácter general, una negativa incomprensible en una empresa con mayoría de titularidad pública y que sitúa a la empresa fuera del marco de recomendaciones del Gobierno de España”.
Por ello, el sindicato se plantea “las medidas legales que considere oportunas” porque “la empresa incumple lo que se obliga a todas las empresas, sean públicas o privadas”, tras recordar que “hay un número considerable de trabajadores (170 de 540) con salarios incluso por debajo de los del convenio colectivo del Metal de Cantabria, lo que vulnera la negociación colectiva y la reforma laboral acordada por los agentes sociales y el Gobierno y aprobada en el Parlamento español”.
UGT-FICA insiste en que está estudiando medidas legales “para acabar con esta situación del todo inaceptable en una empresa pública” y advierte a ENSA que “la falta de acuerdo está aumentando la precariedad de las condiciones laborales y que muchos trabajadores y trabajadoras con alta cualificación y especialización estén optando por buscar alternativas fuera de la empresa y otras tantas se lo estén planteando”.
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT considera que la Ley de Presupuestos Generales del Estado “establece mecanismos legales suficientes para resolver este conflicto y evitar que una parte importante de personas trabajadoras de una empresa pública puedan ser considerados ciudadanos o ciudadanas de segunda categoría”.
“Depende más de la voluntad política que de condiciones legales”, agrega el sindicato, que insta a la SEPI a “retomar la negociación con ánimo de llegar a un acuerdo” y advierte que “en caso contrario, se apoyarán las medidas de presión que adopte la sección sindical de UGT-FICA en defensa de los derechos y condiciones laborales de la plantilla”.
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