La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ratificado la condena al Gobierno de Cantabria por no respetar las guardias mínimas de 4 bomberos en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA)-112, tal y como dictó en su momento una sentencia del Juzgado de lo Social 4 de Santander promovida por una demanda de UGT, sindicato mayoritario en el organismo autónomo.
El TSJC desestima así un recurso de suplicación del SEMCA contra la mencionada sentencia del Juzgado de lo Social por el incumplimiento de un acuerdo de 2018 firmado con el anterior Gobierno regional, por el que se establecía una dotación mínima de 4 bomberos de guardia por parque (24 en los seis parques de emergencia de la región) a partir del año 2021.
El alto tribunal da por probado que “el servicio en los parques de emergencia de Laredo, Valdáliga, Reinosa, Los Corrales, Tama y Villacarriedo se ha venido desarrollando, salvo días sueltos excepcionales, con un número de efectivos inferior a 24”, tras precisar que sólo en el año 2022 “en 254 días el número de efectivos por guardia ha sido inferior a 24”.
Según consta en la propia sentencia, el SEMCA y el Gobierno de Cantabria recurrieron el primer fallo judicial del Juzgado de lo Social porque el mencionado acuerdo suscrito en 2018 para garantizar unas guardias con un mínimo de 4 efectivos “estaba condicionado a la disponibilidad de masa salarial de conformidad a lo que establezcan las respectivas Leyes de Presupuestos Generales”.
El TSJC considera “que no ha quedado probado que para cubrir las plazas de bomberos de guardia (4 por parque) sea preciso la creación de nuevos puestos de trabajo con el consiguiente aumento de los gastos de personal” porque ya se dispone de esa plantilla.
“En todo caso, la interpretación literal y finalista del acuerdo de 2018 efectuada en la instancia no deja duda sobre la intención de los contratantes ni se ve constreñida por los límites presupuestos”, asevera la sentencia.
Incumplimiento insistente del SEMCA
UGT matiza que en la actualidad el SEMCA, dirigido por Samuel Ruiz, sigue incumpliendo este año un acuerdo que él mismo rubricó en diciembre de 2023 para garantizar las guardias mínimas de 4 bomberos por parque y respetar lo dictado tanto por la sentencia del Juzgado de lo Social como por la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es firme desde el pasado 24 de mayo.
“Se ha dejado pasar un tiempo razonable para que, de una vez por todas, se cumpla lo que se acordó pero el actual director del SEMCA no lo ha hecho en más de 30 ocasiones desde que se conoce esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia”, subraya UGT, que advierte que “seguiremos acudiendo a los tribunales de justicia las veces que sea necesario hasta que el Gobierno de Cantabria garantice tanto la seguridad de los bomberos como de la ciudadanía”.
El sindicato, que ya se mostró en su momento muy crítico por el recurso interpuesto en su momento por el SEMCA “en algo tan esencial para la seguridad del servicio y de sus profesionales”, recuerda que en la actual legislatura política el propio director del SEMCA y la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, “prometen una y otra vez un aumento de personal para solucionarlo pero la realidad es que simplemente están dejando pasar el tiempo con una excusa tras otra”.
La sección sindical de UGT en el Servicio de Emergencias de Cantabria reitera que “es una cuestión de garantizar unos límites mínimos de seguridad en el servicio, en los bomberos y en la ciudadanía que para nosotros son innegociables y no puede implicar excepción alguna bajo ningún concepto”.
El sindicato recuerda, como ya hiciera en su momento con la sentencia del Juzgado de lo Social de febrero de este año, que “con guardias de menos de cuatro bomberos se pone en peligro la operatividad y la seguridad de los bomberos porque, simplemente, se incumplen los procedimientos operativos”.
“Por poner un ejemplo, con una dotación de menos de cuatro bomberos por guardia no se pueden utilizar los vehículos de altura de los seis parques de emergencia”, agrega UGT, que insta a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria a “exigir al SEMCA y Función Pública que aceleren los trámites y pongan los medios necesarios para cumplir con las sentencias de una vez por todas”.
“No es aceptable que los dirigentes políticos se afanen en difundir públicamente su dedicación y su esfuerzo por garantizar la seguridad ciudadana y de los profesionales de los servicios públicos encargados de ella; para que luego no lo hagan, incumplan los acuerdos firmados y además recurran una sentencia judicial que les condena por ello”.
