Vecinos de distintas zonas de Cantabria se han congregado hoy cerca de la subestación eléctrica en Molledo, alarmados por la presencia de grandes máquinas de una subcontrata de Biocantaber S.L., que realizaban movimientos de tierras y daños a turberas en la Sierra del Puerto del Escudo.
Los residentes locales confirmaron que las máquinas estaban operando en una zona de turberas cerca de la subestación eléctrica Aguayo, a pesar de la prohibición expresa en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de realizar cualquier tipo de actividad en un radio de 50 metros alrededor de los hábitats de turbera. El área afectada, conocida como Las Turberas y perteneciente al Concejo de San Martín de Quevedo, Molledo, ha sido identificada en la documentación del promotor como un hábitat higroturboso, un tipo de humedal protegido.
Durante la protesta, varios vecinos acusaron al Gobierno de Cantabria y a las Consejerías de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, así como a la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, de posibles delitos y acciones ilegales. Afirmaron que la Dirección General de Montes habría alterado maliciosamente la delimitación de los humedales para beneficiar a Biocantaber S.L., a pesar de conocer la cartografía correcta utilizada durante años para regular actividades en zonas de turberas.
«El Gobierno de Cantabria está permitiendo la destrucción de las turberas y microcuencas de alimentación más importantes del sur de Europa, en clara violación de la legislación regional, nacional y europea», denunciaron en un comunicado leído en el lugar de los hechos. Recordaron además que el Polígono Eólico El Escudo afecta a numerosos humedales, incumpliendo los condicionantes de la DIA necesaria para su construcción.
Las plataformas y entidades locales ya han presentado denuncias por múltiples irregularidades, incluyendo la afectación directa a la Zona de Especial Conservación Sierra del Escudo, parte de la Red Natura 2000, y a Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). También se reportó la amenaza a un yacimiento arqueológico en Mediajo Frío, que podría ser dañado por la infraestructura del polígono eólico.
Los vecinos acusaron a empresas como Iberdrola, Biocantaber S.L., y el Banco Santander, así como al Gobierno de Cantabria, de no respetar la voluntad vecinal, la verdad, la legalidad, ni el patrimonio natural y cultural de la región. Exigieron que las autoridades autonómicas sancionen estas acciones ilegales y garanticen la protección del medio ambiente de Cantabria.
«La reincidencia en estos procedimientos, ignorando todos los controles y permisos, debe ser castigada por las autoridades del Gobierno de Cantabria, que hasta ahora han trabajado para eludir esas garantías en lugar de exigirlas», concluyeron en su comunicado.
Los residentes de la Sierra del Escudo y otras áreas de Cantabria demandan que las administraciones públicas cumplan con la legislación vigente para detener la destrucción de su patrimonio medioambiental.
