“Un protocolo municipal de actuación frente a casos de desahucios y de emergencias habitacionales es una herramienta esencial para coordinar los servicios sociales, jurídicos y asistenciales, y atender a las personas afectadas de un modo adecuado”. Esa es la defensa que el concejal de Izquierda Unida en Santander, Keruin Martínez, va a trasladar al pleno municipal del mes de mayo.
Martínez ha considerado vital que el equipo de Gobierno se pronuncie sobre la postura que va a tomar en la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), en cuya próxima reunión del próximo mes de junio se debatirá esta cuestión, tal y como ha informado la Comisión Ejecutiva en una nota de prensa.
Esta herramienta ha sido reclamada durante años por los colectivos en defensa del derecho a la vivienda, y su inclusión en el orden del día de la FMC ha sido impulsada por el colectivo ‘Derecho subjetivo’, con quienes Martínez también se ha reunido para estudiar su propuesta.
“Consideramos que es una medida muy útil, y que otorgaría a los ayuntamientos importantes herramientas para afrontar este drama social, que afecta de una manera especial a personas en situación vulnerable y de avanzada edad”, ha insistido Martínez, apenas tres días después de que se hayan cumplido dos años del fallecimiento de dos hermanas ancianas en la calle Burgos de Santander.
“Todo apunta a que la angustia que vivieron María de las Mercedes y María de los Ángeles los meses previos a su muerte era evitable y que faltó coordinación, atención y comunicación con ellas para atender su especial vulnerabilidad”, ha recordado el edil, que ha pedido que su caso se tome de ejemplo para aprender de los errores cometidos.
MARTÍNEZ SEÑALA QUE LAS NECESIDADES DE REFUERZO EN SERVICIOS SOCIALES CONTINÚAN
Por este motivo, el concejal de IU ha pedido al Consistorio que se adelante y sea pionero en establecer un protocolo que apoye a las personas perjudicadas por los lanzamientos y situaciones de emergencia habitacional, “que suponen un alto coste vital, emocional y económico”. “Queremos arrancar al Ayuntamiento de la capital un compromiso de sensibilidad y actuación que suponga un ejemplo para el resto de instituciones municipales”, ha defendido Martínez.
El concejal ha querido trasladar la urgencia de estas medidas, pues los desahucios son un “drama social” que en Cantabria han continuado. “Solo en los años 2022 y 2023, en nuestra comunidad ha habido 599 desahucios, según ha revelado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sus informes anuales, que aún no cuenta con las cifras de 2024 hasta la fecha”, ha recordado el edil.
“Los ayuntamientos son las únicas administraciones públicas que pueden dar una respuesta inmediata y adecuada al problema de la vivienda”, ha defendido Martínez, haciéndose eco de la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tras su XII Pleno, celebrado en septiembre de 2019. “Insisto en que la alcaldesa de Santander, como una de sus vicepresidentas, puede y debe tomar la iniciativa en defender un protocolo de coordinación y actuación en los ayuntamientos cántabros”.
Martínez ha recordado que su grupo ya ha denunciado en los meses pasados la situación del área de servicios sociales del Ayuntamiento. “Los trabajadores han denunciado falta de medios y personal, y nos trasladan que siguen necesitando un especial refuerzo en el departamento, porque su encomiable trabajo se está viendo especialmente tensionado”.
Finalmente, Martínez también ha puesto en valor los avances en el Plan de Vivienda y los cambios en la Sociedad de Vivienda y suelo (SVS) que su grupo ha impulsado entre esta legislatura y la anterior, pero ha pedido al equipo de Gobierno “continuidad, refuerzo y mucho trabajo” en esta área, “porque queda muchísimo por hacer y las instituciones municipales, como las más cercanas a los ciudadanos, deben ser las impulsoras”.
