La Consejería de Justicia ha presentado a los representantes sindicales el proyecto de decreto de creación de la Oficina Fiscal, una nueva estructura organizativa que optimiza la organización del personal funcionario dependiente del Ministerio Público y dará respuesta a las necesidades de modernización y adaptación del servicio a los cambios que sufre la sociedad.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presidido la reunión de la Mesa Sectorial del personal de la Administración de Justicia, en la que se ha presentado esta normativa con el objeto de ser consensuada y se han abordado además otras mejoras laborales y retributivas.
Urrutia ha trasladado a los sindicatos su compromiso de «llevar a término» la Oficina Fiscal en la presente legislatura, tras más de 13 años «sin que se iniciara ningún procedimiento legislativo» para su puesta en macha.
Y es que, si bien el procedimiento normativo se encuentra actualmente en proceso de consulta pública, la Consejería de Justicia quiere, en palabras de la consejera, «seguir avanzando» en las negociaciones y «establecer un calendario de trabajo para la mesa técnica que dé el visto bueno a este decreto».
Mejoras laborales
Por otro lado, la Consejería de Justicia y los sindicatos con representación en la Administración de Justicia han abordado otras cuestiones relacionadas con la subida de salarios y mejoras en los sistemas de gestión de personal y en las condiciones laborales de estos empleados públicos.
En concreto, la consejera Isabel Urrutia ha asegurado que Cantabria, de la mano de todos los sindicatos, mantendrá, «con la misma firmeza que hasta ahora», sus reivindicaciones ante el Ministerio de Justicia para que asuma sus competencias e incremente el complemento general de puesto para todos los empleados públicos de la Administración Justicia de España, una mejora retributiva vinculada a la puesta en marcha, en este caso, del nuevo modelo de oficina judicial que impulsa para todo el país.
Según Urrutia, el ministro de Justicia, Felix Bolañós, ha dejado a las comunidades con competencias de justicia, como es Cantabria, «a los pies de los caballos» con un acuerdo de mejora salarial que únicamente afecta a 12.000 funcionarios del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia y trasladando la problemática a las autonomías.
Frente a ello, ha comunicado a los sindicatos regionales el compromiso del Gobierno cántabro de estudiar, dentro de las limitaciones presupuestarias, una revisión salarial que beneficie a los funcionarios regionales de la Administración de Justicia. «La Consejería de Justicia no cierra las puertas y abre la posibilidad de negociar una revisión del complemento retributivo específico», competencia de la Comunidad Autónoma, ha subrayado la responsable autonómica tras esta reunión.
De cualquier forma, Isabel Urrutia ha asegurado que Cantabria seguirá reclamando los incrementos salariales que debe el Ministerio a todos los empleados públicos de justicia y ha recordado, además, que la Comunidad todavía sufre hoy las consecuencias de las tres huelgas sufridas en este sector con «retrasos inadmisibles» y con «un ambiente laboral enrarecido», que «no facilita la normalización y calidad del servicio público». «Esto es responsabilidad exclusiva de la gestión del ministro Bolaños y exigimos una solución global para todo el personal de justicia», ha remarcado la consejera cántabra.
Por último, durante la reunión de la Mesa Sectorial se ha abordado las nuevas órdenes de nombramiento interinos, los procedimientos de provisión de personal, y de vacaciones, permisos, control horario y licencias que afectan a los empleados públicos.
