El Grupo Parlamentario Regionalista defenderá el próximo lunes en el Pleno del Parlamento una Proposición no de Ley en la que pide al Gobierno de Cantabria que adapte las pruebas de acceso a la Universidad a las necesidades de las personas disléxicas, al considerar insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora para acabar con la discriminación de este colectivo.
La propuesta regionalista, que será defendida por la portavoz en materia de Educación, Teresa Noceda, plantea facilitar a estos estudiantes papel extra para realizar los exámenes de la EvAU, teniendo en cuenta que utilizan un tamaño de letra grande y con direccionalidad irregular, y formular las preguntas de forma más clara y directa para evitar posibles confusiones, evitando por ejemplo preguntas negativas, ambiguas o con doble dilema y optando por enunciados cortos o, en caso de no ser posibles, divididos en partes.
Noceda aboga también por adaptar la fuente de texto con la que se plantean las preguntas en los exámenes y utilizar tipos de fácil lectura para los disléxicos, como OpenDyslexic, Century Gothic, Comic Sans o Arial.
Asimismo y dado que las dificultades de lectura que implica la dislexia se manifiestan con errores en la expresión escrita, considera que la evaluación de estos alumnos debe realizarse en base al contenido, sin penalizar la extensión menor de la habitual en las respuestas, ni una presentación fuera de lo usual, a causa de una dirección irregular de escritura, tachones o el uso de diferentes tamaños de letra, entre otros desajustes.
En este sentido plantea además no tener en cuenta las faltas de ortografía, ni las de sintaxis asociadas a errores ortográficos y de expresión escrita habituales en la dislexia y establecer una penalización del 50 por ciento respecto a los alumnos sin dificultades de aprendizaje para el resto de fallos de ortografía o puntuación. Y en el caso de los exámenes de lenguas extranjeras, propone aplicar los mismos criterios por analogía.
Para Noceda, estas medidas constituyen «una cuestión de justicia» para acabar con la «discriminación» que sufre el alumnado disléxico cántabro respecto al de otras Comunidades Autónomas que han implantado medidas para «atemperar» la desventaja que supone este trastorno del aprendizaje.
La diputada regionalista ha recordado que existen pronunciamientos del defensor del pueblo que, ante las quejas planteadas por las asociaciones de dislexia, han obligado a algunas autonomías, como Madrid y Valencia, a incorporar las adaptaciones necesarias para garantizar la equidad entre todos los territorios del país.
También ha recordado la responsabilidad legal de la administración educativa de asegurar los recursos precisos para que los alumnos que requieren una atención diferente a la ordinaria «puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales» y los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
