El Gobierno de Cantabria y la Fiscalía Superior de Cantabria han analizado el despliegue de la nueva Oficina Fiscal en la Comunidad Autónoma, un nuevo modelo organizativo que la Consejería de Justicia prevé poner en marcha esta misma legislatura y que se plasmará en un decreto regulador de su organización y funciones.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha informado que para ello se retomarán los grupos de trabajo para la elaboración de las disposiciones normativas necesarias para su efectiva implantación, lo que se producirá «a la mayor brevedad posible, en el marco de la futura aprobación del Pacto para la Justicia».
Así lo ha indicado la consejera tras presidir, junto a la fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Pilar Jiménez, la Comisión Mixta entre ambas instituciones, el primer encuentro de coordinación celebrado durante la presente legislatura y que, a partir de ahora, se reunirá con una mayor periodicidad, cada seis meses, para reforzar las medidas de coordinación y analizar el grado ejecución de las distintas actuaciones que se acuerden para la modernización de la Administración judicial.
Respecto a la Oficina Fiscal, Urrutia ha destacado las importantes mejores que supondrá para la prestación del servicio público de la Fiscalía, poniendo fin «a una década de retraso» en su implantación en Cantabria.
Jiménez ha defendido el nuevo modelo, que es «más operativo» para hacer frente a las actuales necesidades de la Fiscalía, dado así cobertura a unidades de tramitación, especialidades y control de calidad.
De hecho, tanto el Gobierno cántabro como la Fiscalía Superior han coincidido en la necesidad de «desvincular» el desarrollo de la Oficina Fiscal de la Judicial. «Las necesidades de la Fiscalía y los juzgados son distintas», ha remarcado la fiscal superior, quien cree que las áreas de apoyo y puestos intermedios son necesarios para mejorar el servicio público.
Ante la solicitud de la Fiscalía de un mayor esfuerzo en el desarrollo del sistema gestión procesal Vereda, que implicaría, además, un incremento en la formación de los usuarios, el Ejecutivo se ha comprometido a ir más allá e impulsar un foro con las comunidades autónomas que comparten dicho sistema para avanzar en nuevos recursos tecnológicos, mejorar la adaptación del sistema al trabajo de la Fiscalía y, en general, mejorar la prestación del servicio de la justicia en Cantabria.
Por otro lado, durante este encuentro, han acordado el impulso de las funciones que realiza la Oficina de Víctimas del Delito, ubicada en Las Salesas, mediante el desarrollo de nuevos protocolos en determinadas actuaciones en las que se especifiquen las funciones y servicios atribuidos. El objetivo, según han explicado, es establecer un nuevo marco regulador que facilite una mayor utilización de este recurso para las víctimas de un delito.
Ejecución del 99,93 por ciento de los fondos europeos asignados
El encuentro ha servido además para analizar el alcance de las inversiones planificadas con cargo a los fondos Next Generation en la Administración de Justicia y que son de especial relevancia para mejorar la labor de la Fiscalía.
Ambas instituciones han destacado el esfuerzo realizado por la Dirección General de Justicia para la efectiva aplicación de la totalidad de los fondos europeos destinados a Cantabria para el año 2023, tiempo en el que se han ejecutado más de 6,9 millones de euros, lo que supone el 99,93 por ciento de los fondos asignados.
La mayor parte de la inversión se ha orientado a la realización de actuaciones de mejora de medios tecnológicos y en el sistema de gestión procesal y el Portal Profesional, punteros en España, así como para el despliegue de la digitalización de los registros civiles, que ha comenzado este mes en los partidos judiciales de Castro Urdiales, Laredo y Santoña.
Respecto a los medios materiales y personales de la Fiscalía, se han valorado los últimos refuerzos puestos en marcha para resolver adecuadamente el incremento puntual de la carga de trabajo.
La Fiscal Superior de Cantabria ha defendido la necesidad de contar con un presupuesto propio con una sección específica en los Presupuestos Generales del Estado en favor de la «transparencia» y, en este sentido, ha valorado el compromiso del Ejecutivo regional de abordar los estudios necesarios sobre los costes reales de este servicio público en la Comunidad Autónoma y responder, así, a una de las principales reivindicaciones de este organismo público.
Por último, en la reunión de la Comisión mixta han abordado el convenio entre Cantabria y la Fiscalía General del Estado para facilitar que la Unidad de Inspección Fiscal acceda en remoto al sistema de gestión procesal autonómico con el objetivo de facilitar el ejercicio de sus funciones, a semejanza del que ya se mantiene con el Poder Judicial. La consejera de Justicia ha declarado que este acuerdo podrá estar listo en el primer semestre del año.
En esta reunión también han estado presentes el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno cántabro, Juan Sáez Bereciartu, y fiscales pertenecientes a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado: la fiscal jefe, Esmeralda Rasillo, y la fiscal de este mismo departamento, Concepción Pedraza.
Foto: Miguel López
