El Gobierno regional ha rechazado en el Senado la aprobación de la Ley de Amnistía por ser “perjudicial para el Estado en su conjunto y para Cantabria en particular” al quebrar “de modo flagrante” los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.
Así lo ha señalado el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, en su intervención en el debate acerca del contenido autonómico de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña desarrollado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
“Cantabria y su Gobierno siempre estará defendiendo la igualdad y la solidaridad de todos los españoles, y en contra de los privilegios que supondrían el principio del fin de nuestro modelo de convivencia”, ha recalcado.
Silva ha precisado que la aprobación de esta norma “implicaría deslegitimar al Estado español, va en contra del derecho de la Unión Europea y socava las bases de la Constitución Española”, asegurando que “ni política, ni jurídicamente es admisible”.
En este sentido, ha indicado que la norma “ni cumple ni cuenta con los presupuestos necesarios para llevarse a cabo”, apuntando que “solamente supone un beneficio para personas concretas, no está bien acotada temporalmente y no cuenta con una conexión causal clara entre los hechos amnistiados y las razones de dicha amnistía”.
El consejero de Educación ha calificado la Ley de Amnistía como “la ley de las tres mentiras”. Por un lado, ha comentado que no es una ley de la amnistía, “sino de la autoamnistía”, explicando que “no se dicta o escribe por un legislador para un tercero, sino que el beneficiario escribe la ley que se aplica a sí mismo”.
Por otro lado, “no es una ley de normalización”, ha afirmado, justificando que “Cataluña no es una sociedad que necesite una ley salvadora”. Y, en tercer lugar, “no es una ley para la reconciliación”, indicando que “ni Cataluña está enemistada con el resto del país, ni viceversa”.
También ha considerado esta norma como “la ley de la falacia”, señalando que esconde el engaño de enmascarar el pago de un apoyo político “con el único fin de conseguir la gobernabilidad de un país”.
Silva ha manifestado que el Gobierno de Cantabria “no puede ser indiferente a un acuerdo que vuela por los aires las bases de nuestro estado de las autonomías y el principio de igualdad”, avanzando la existencia de consecuencias de desventaja “para nuestra economía y bienestar”.
Por este motivo ha reivindicado que “la igualdad de los españoles no puede ser una moneda de cambio”, reiterando que la ley representa “un trato de favor a algunos”.
Además, ha expresado la voluntad del Ejecutivo regional de seguir trabajando “para tender puentes, no para levantar muros, y usar las competencias para mejorar”.
También ha recordado las palabras de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, para poner a funcionar desde el Ejecutivo autonómico todos los instrumentos del Estado de Derecho, “en el marco de nuestras competencias y uniendo fuerzas con el resto de regiones”.
