El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha alertado de que el Ayuntamiento de la capital va con un año de retraso en la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto.
Este censo es de obligada realización tras la aprobación de la Ley de Residuos 7/2022 en abril de 2022, que, en su 14ª disposición, daba un plazo de un año para que las administraciones locales detectaran los emplazamientos afectados, e incluyeran un calendario que planificara su retirada.
Según la ley, tanto el censo como el calendario deben tener carácter público, y deberán ser remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, para que inspeccionen y verifiquen la correcta retirada de dicho producto, atendiendo, especialmente, al grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.
“Se trata de un tema de salud, que puede afectar a edificios de trabajo y educativos, y que hay que tratar con prudencia y agilidad”, ha explicado Martínez en nota de prensa, en la que ha anunciado que llevará el tema al pleno, al igual que han hecho sus compañeros en Torrelavega, “donde el equipo de Gobierno ha decidido mantenerse fuera de la ley”.
El edil confía en que el equipo de Santander “sea más abierto y comprenda las consecuencias a largo plazo de seguir alargando este incumplimiento”, por lo que ha puesto en su conocimiento las carencias que ha conocido. Y es que, además de los ayuntamientos, el Gobierno de Cantabria también debe realizar un registro autonómico, que lleva pendiente desde el año 2006.
MARTÍNEZ SEÑALA EL DESPLOME DE LA CUBIERTA DE GRÁFICAS MARTÍNEZ COMO DE “GRAN PREOCUPACIÓN PARA TRABAJADORES Y VECINOS”
Según la ley actual, el plazo para finalizar la retirada de amianto en instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo finaliza en 2028; y 2032 es la fecha límite marcada para abordar el resto de los edificios, según las recomendaciones de la Comisión Económica y Social de la UE (CESE).
“El amianto es un producto que, inhalado durante largas etapas, puede resultar cancerígeno para el ser humano, y ya se ha cobrado la vida de multitud de trabajadores hasta hoy”, ha recordado Martínez, que ha recordado que el pasado año la justicia reconoció la muerte por amianto de un técnico de mantenimiento de los talleres de FEVE en Santander.
Además, ha explicado que el desplome de la cubierta de la vieja nave de Gráficas Martínez, que sucedió el pasado mes de junio en Santander, ha despertado las alarmas en trabajadores de la Biblioteca Municipal y vecinos, por la fragmentación de uralita y el consecuente riesgo. “Se trata del desprendimiento de una cuarta parte del techo, de material que contiene amianto, por lo que se necesitan herramientas concretas para eliminarlo”, ha explicado Martínez, que ha tenido acceso al informe del Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Santander, elaborado tras una solicitud sindical, donde se recomienda la estabilización de la estructura y la retirada de este material.
“Dada la antigüedad de la mayor parte de los edificios construidos en Santander, es importante realizar cuanto antes un registro, control y eliminación de cualquier elemento, como por ejemplo tuberías, tengan este riesgo”, ha reclamado el edil, que ha explicado que es en el final de la vida útil de estos materiales cuando mayor riesgo hay para la salud pública. “La mayor parte de los emplazamientos en Santander datan de los años 60, 70 y 80, cuando el amianto era legal y extendido, así que es importante que se comience cuanto antes la detección y supresión de cualquier resto de manera paulatina”, ha matizado.
