El año pasado, los órganos judiciales en Cantabria se enfrentaron a siete demandas por ocupación ilegal de viviendas, marcando una disminución del 75,8% en comparación con el año anterior. Esto resultó en una tasa de demandas por ‘okupación’ de viviendas de 1,2 por cada 100.000 habitantes en la región, inferior al promedio nacional del 4,3%. También se observó una reducción del 66,3% en los lanzamientos practicados en 2023, totalizando 151, en comparación con los 448 de 2022, abarcando tanto los debidos a ejecuciones hipotecarias (disminución del 79,3%) como los derivados de impagos de alquiler (disminución del 64,9%).
En cuanto a los procedimientos judiciales relacionados con las cláusulas, el juzgado especializado dictaminó 4.093 sentencias, un aumento del 122,9% respecto al año anterior, principalmente debido al refuerzo que ha recibido. De estas sentencias, el 97,9% resultaron ser favorables para los demandantes. Por otro lado, se observaron disminuciones en las demandas de ejecución hipotecaria y en los procedimientos monitorios. Las primeras cayeron un 28,9%, en línea con la tendencia nacional, que registró una disminución del 21,5%. Mientras tanto, los segundos, que incluyen reclamaciones de deudas, disminuyeron de 10.388 a 9.882, lo que representa un 4,9% menos, mientras que el promedio nacional aumentó un 11,2%.
En lo que respecta a los concursos de acreedores, los juzgados de Cantabria experimentaron un aumento del 60,1% en comparación con el año anterior, totalizando 349 casos ingresados. Los concursos presentados por particulares aumentaron significativamente, un 120,3%, mientras que los de empresas disminuyeron un 30,4% y los de empresarios un 75%. A nivel nacional, se observó una tendencia similar, con un incremento del 114,2% en los concursos presentados por particulares y disminuciones en los presentados por personas jurídicas y empresarios. Por otro lado, los procedimientos relacionados con despidos en los Juzgados de lo Social de Santander aumentaron un 19,2% en comparación con el año anterior, mientras que las reclamaciones de cantidad aumentaron un 30,6%. En todo el país, tanto los despidos como las reclamaciones de cantidad experimentaron aumentos del 16,1% y 7,1%, respectivamente.
