L portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado, y alcalde Vega de Pas, Juan Carlos García Diego, ha anunciado que su grupo político ha presentado una moción solicitando al Gobierno de España que saque al lobo del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE) y, en su opinión, lo incluya de nuevo en la Directiva Hábitats, que entró en vigor en 1992.
Según García Diego, esto haría posible que la convivencia entre los ganaderos y el lobo «fuera razonable», como ha ocurrido durante más de 30 años, y se evitaran así los perjuicios que esta especie está ocasionando en muchas regiones de España.
En este sentido, García Diego ha recordado que solo en Cantabria ha ocasionado 2.700 muertes de todo tipo de ganado en 2023, lo que ha achacado a su inclusión en el LESPRE que, a su juicio, ha tenido como consecuencia que «se haya reproducido con una celeridad enorme y que se haga incompatible la vida con los animales domésticos».
Tras señalar que «es necesario que se regule» y que «se permitan extracciones», el senador por Cantabria ha indicado que el Partido Popular siempre se ha mostrado contrario a su inclusión en el LESPRE, subrayando que «esto es lo que hemos defendido, defendemos y defenderemos siempre».
Según se señala en la moción, el lobo está causando conflictos crecientes, agravados a causa de marcos legales que impiden la gestión de la especie de forma que se puedan prevenir los conflictos con actividades tradicionales, como la ganadería, poniendo en riesgo la continuidad de las explotaciones y por consiguiente el mantenimiento de la población en las zonas rurales, pues la ocupación mayoritaria en las mismas es el sector primario.
También se indica que la Unión Europea, en el último informe, recomienda se reconsidere la posición en cuanto a la protección total de la especie, dado que al no tener depredadores naturales la superpoblación empieza a ser un problema y que por lo tanto se considere especie “protegida” en lugar de especie “estrictamente protegida”.
En el texto de la iniciativa, se considera que este posicionamiento de la Comisión es totalmente contrario a la postura que el Gobierno de España mantiene en los últimos años, pero sí coincide con la posición de las Comunidades Autónomas que gestionan la práctica totalidad de la población de lobo en España.
Asimismo, se afirma que las compensaciones económicas no son suficientes, pues el ganadero no quiere dinero, quiere a sus animales, ocasionándoles la perdida de los mismos un daño psicológico que pone en peligro la supervivencia de la actividad.
