El Gobierno de España ha dirigido una comunicación al Gobierno de Cantabria, señalando la presunta inconstitucionalidad de la reforma de la ley del suelo, también conocida como la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Esta reforma fue introducida por el actual Gobierno del Partido Popular a través de la legislación acompañante de los presupuestos de 2024. Según el documento legal elaborado por el Ministerio de Política Territorial, tal y como ha publicado Radio Santander- Cadena SER, se identifican al menos tres puntos de inconstitucionalidad en varios artículos relacionados con la modificación de la ley para favorecer la construcción de viviendas unifamiliares e instalaciones turísticas en suelo rústico.
El requerimiento enviado por el Ejecutivo central al Gobierno del Partido Popular en Cantabria señala tres puntos específicos de inconstitucionalidad. Uno de ellos es el apartado 13 del artículo 23 de la norma, que permite ciertos usos en suelo rústico prácticamente idénticos a los permitidos en suelo urbanizable, lo que podría resultar en la duplicación del número de viviendas existentes en dicho suelo.
El Gobierno de España argumenta que los criterios utilizados por el Gobierno del PP para la reforma de la ley del suelo son menos estrictos que los establecidos en la legislación nacional, particularmente en el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta legislación nacional atribuye un valor ambiental intrínseco a todo el suelo rural y exige a las administraciones públicas transformar solo el suelo rural necesario, evitando la especulación y preservando el resto del suelo rural.
El Gobierno de España advierte que la modificación propuesta por Cantabria subvierte este régimen y el sistema de planeamiento y gestión urbanística, lo que sería contrario a la Constitución Española.
Además, se hacen referencias a otros puntos que, aunque de menor relevancia, también presentan indicios de inconstitucionalidad, como las modificaciones de planes urbanísticos que deben someterse a evaluación ambiental estratégica.
El Gobierno central da un plazo al Gobierno de Cantabria para responder a este requerimiento, que finaliza el próximo 8 de marzo. Si el Gobierno autonómico está dispuesto a negociar estos aspectos, ambas administraciones podrían establecer una comisión para abordar el tema, una práctica habitual en modificaciones legislativas de este tipo.
“Buruaga debe adecuar la Ley del Suelo al ordenamiento jurídico español”
Pablo Zuloaga, secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, ha expresado la necesidad de ajustar la Ley del Suelo de Cantabria al marco legal español.
Zuloaga hizo estas declaraciones después de conocer la comunicación enviada por el Gobierno de España al Ejecutivo cántabro para «corregir esta legislación», con requisitos que, según afirmó, «coinciden con la postura defendida por el Partido Socialista durante la tramitación de la Ley de Acompañamiento del Presupuesto para 2024, en la que el Partido Popular, con el respaldo del PRC, modificó y derogó partes importantes de la ley aprobada en la legislatura anterior».
En este contexto, Zuloaga señaló que «poner en peligro el futuro de Cantabria y el desarrollo ambiental de nuestra región con una Ley del Suelo claramente insostenible e inconstitucional es una imprudencia por parte del Partido Popular al frente del Gobierno de Cantabria». Agregó que es crucial que «al legislar, se cumpla con todo el marco legal, no solo la parte que interese a la presidenta Buruaga».
Zuloaga destacó que las correcciones a la Ley incluyen la intención del Partido Popular de permitir la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico sin un ordenamiento urbanístico adecuado. Estos preceptos, según él, ya han sido invalidados por el Tribunal Constitucional en la Ley andaluza y también han sido señalados por el Gobierno de España desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
En cuanto a la reunión bilateral entre el Gobierno de España y el de Cantabria, Zuloaga dijo que «está pendiente». Sin embargo, instó a María José Sáenz de Buruaga a adecuar la Ley, que ha derogado parcialmente, al ordenamiento jurídico español para garantizar el futuro y la sostenibilidad de Cantabria.
