El Gobierno de Cantabria tiene previsto iniciar próximamente las negociaciones para la elaboración del Plan de Igualdad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el propósito de que sea aprobado antes del verano, en cumplimiento de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha anunciado este paso tras cerrar el contenido del borrador inicial del plan. Este documento, elaborado por la Dirección General de Función Pública, ya ha sido enviado a los representantes de los empleados públicos y de la Administración para su análisis y preparación de propuestas, con el objetivo de alcanzar un consenso máximo.
Urrutia ha destacado la importancia del plan para que la Administración y sus empleados lideren acciones en pro de la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier forma de discriminación de género.
El proyecto del Plan de Igualdad se aplicará a los más de 5,000 empleados públicos de la Administración General, con una mayoría femenina que supera el 60%. Contempla 75 acciones distribuidas en 11 ejes de actuación, abordando aspectos como el acceso al empleo público, la carrera profesional, la formación y la conciliación de responsabilidades profesionales y familiares.
Además, se incluyen medidas para favorecer la igualdad en la acción social, promover una cultura organizativa igualitaria y brindar apoyo a las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Se establece también un protocolo específico para prevenir y abordar el acoso laboral, con el respaldo del Comité de Seguridad y Salud.
El plan se fundamenta en un exhaustivo diagnóstico de la situación actual, con datos desglosados por género, y prevé mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de género en las acciones implementadas. Tendrá una vigencia de cuatro años y se aplicará tanto al personal funcionario como al laboral.
Los objetivos generales del plan buscan lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la Administración autonómica, eliminar obstáculos y estereotipos sociales, promover una cultura administrativa igualitaria y garantizar la protección de los derechos de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Se prevé también establecer un sistema de seguimiento y evaluación de las medidas para verificar su implementación y evaluar su impacto.
