El alcalde, Javier López Estrada, junto con la concejal de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón, han anunciado que el pasado viernes, 16 de febrero, el Ayuntamiento ha enviado el documento III del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al Gobierno de Cantabria para que este realice la evaluación ambiental correspondiente.
Además, han informado que simultáneamente han comenzado a responder a las alegaciones presentadas durante el período de información pública. Según el informe del equipo redactor, se ha recomendado aceptar total o parcialmente 20 alegaciones, mientras que se han desestimado las 82 restantes.
López Estrada y Tazón han destacado que este proceso representa un «avance crucial» para dotar a la ciudad de un nuevo PGOU que reemplace al actual vigente desde 1985. Han subrayado que la aprobación del nuevo PGOU durante esta legislatura es una «prioridad absoluta» del equipo de Gobierno, respaldada por todos los grupos municipales.
En relación con la evaluación ambiental, el Ayuntamiento ha proporcionado la documentación necesaria a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, para que a través del Servicio de Evaluación Ambiental, se examine el PGOU desde la perspectiva medioambiental y se emita un dictamen sobre las medidas propuestas. El órgano ambiental tiene un plazo de 4 meses, ampliable por 2 meses más, para realizar el análisis técnico y elaborar la Memoria Ambiental.
En cuanto a los siguientes pasos, han adelantado que será necesario revisar el alcance de la Memoria Ambiental e incorporar sus recomendaciones al documento, para luego llevarlo nuevamente al Pleno municipal para su aprobación provisional. Una vez aprobado provisionalmente, se publicará en el sitio web del Ayuntamiento y se remitirá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para su aprobación definitiva.
Con respecto a los plazos para la aprobación definitiva, Jezabel Tazón ha señalado que, si todo va según lo planeado, podría lograrse para finales de año. Sin embargo, es probable que durante el proceso surjan nuevas correcciones y ajustes basados en los informes de diversos organismos sectoriales, lo que podría requerir un nuevo período de información pública y generar retrasos.
Durante la tramitación, se espera que diversos organismos, tanto estatales como autonómicos, emitan informes sobre el PGOU, abarcando áreas como carreteras, medio ambiente, turismo, salud, entre otros.
